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El drama en la Universidad Popular del Cesar (UPC) continúa; luego de declinar el nombramiento provisional del rector José Sierra, miembros del Consejo Superior Universitario fueron sancionados, entre ellos Carlos Morón actual rector de la UDES.
El Consejo de Estado tiene en olla de presión a la UPC, luego de que se declinara la resolución 027 del 19 de noviembre de 2020, declarado por el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, UPC, en el que se designó como rector encargado a José Rafael Sierra Lafaurie, en reemplazo de Raúl Gutiérrez Maya. Miembros del Consejo sufrieron consecuencias por participar en esa elección que arrastra baches de legalidad.
En cuestión, los motivos por los que José Sierra ahora encabeza un proceso legal, según el documento del Consejo Estado se debe a que la convocatoria de la sesión de dicha fecha, 19 de noviembre, se hizo vía correo electrónico particular y no mediante el correo electrónico oficial de la Secretaría del Consejo Superior Universitario según el reglamento universitario.
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Otro de los motivos encontrados es que no hubo el Quórum debido para dicho nombramiento, de manera que “quebrantan los estatutos de la Universidad” dijo el CE en uno de sus oficios a la Universidad.
Además la convocatoria a este acto protocolar importante se hizo en 24 horas previo a la fecha del 19 de noviembre, el Consejo de Estado especificó que fue enviado el 18 de noviembre a las 5:41 p.m. “para tratar temas tan delicados como: el análisis y decisión del proceso de elección de estamentos y la legalización del periodo del rector encargado y su continuidad o no en el cargo. En ese contexto, es claro que, la delegada del Ministerio de Educación Nacional, no recibió de manera oportuna la citación”, según el CE lo que se pretendió fue hacer un acto en “secreto o clandestinidad.”
Es por este y otra serie de motivos administrativos que José Sierra atraviesa dicho proceso en el que incluso, tuvo la oportunidad de presentar su demanda al CE, que ahora está en espera de si la medida tiene cabida para apelación.
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Sancionados
En medio de la situación rectoral, que nuevamente es escándalo en la UPC, ahora se suman los miembros del Consejo Superior Universitario, los cuales fueron sancionados por el Consejo de Estado tras haber apoyado los actos protocolares con los que se llevó a cabo el nombramiento como rector a José Sierra.
En concreto, los sancionados son: Carlos Darío Morón Cuello representante de los exrectores, Joaquín Manjarrez Murgas representante del sector productivo, Pamela García Mendoza delegada del Gobernación del Cesar, Jesualdo Hernández Mieles representante suplente de los exrectores, Arnulfo Cotes silva representante suplente del sector productivo y Sergio José Barranco Núñez delegado del Gobernador del Cesar.
La multa es lo correspondiente a 8 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $ 7.268.208. Sobre esta decisión, Morón dijo “respetarla” pero prefirió no referirse al tema por repercusiones posteriores.
Ministerio
El Ministerio de Educación Nacional ampara su decisión “por inobservancia de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1740 de 2014. Además facultada en la toma de decisión según “Decreto No. 698 de 1993, el artículo 6.5 del Decreto No. 5012 de 2009, la Ley 30 de 1992, el numeral 8º del artículo 9º de la ley 1740 de 2014, y el Decreto No. 1514 de 2018” en el que se nombra a la Ministra de educación María Victoria Ángulo González para ejercer sus facultades.
En el documento del Ministerio se manifiesta que:
- “ARTÍCULO 18. APLICACIÓN DE SANCIONES. El Ministerio de Educación Nacional podrá imponer las sanciones administrativas a los consejeros, directivos, representantes legales, administradores en cualquiera de las siguientes faltas: Nº Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.”
- “ARTÍCULO 9°. FUNCIONES DE VIGILANCIA. El Ministerio de Educación Nacional, podrá: Nº Conminar bajo el apremio de multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a representantes legales, rectores o a los miembros de los órganos de dirección para que se abstengan de realizar actos contrarios a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos, o de invertir y destinar recursos por fuera de la misión y de los fines de la institución de educación superior.»
En síntesis, todo esto se produjo luego de la demanda realizada por la Doctora Jackeline Marlyory González Padilla, delegada de la presidencia de la república ante el Consejo Superior Universitario de La Universidad Popular del Cesar, quien en conocimiento del acto a llevar a cabo, informó al ente de inspección del Ministerio.
El Ministerio de Educación, en aras de evitar ilegalidades, emitió un memorando del “2020-EE-232656” en el que se les pidió “Abstenerse” de realizar dicha sesión extraordinaria hasta tanto el MEN corroborara “ocurrencia o no de las presuntas irregularidades denunciadas.”
Advertencia
El abogado, ex vicerrector administrativo de la UPC, Jhon Díaz Carpio, explicó que esta situación fue advertida por el Ministerio de Educación. “A través de la inspección hizo algunos requerimientos previos para que el Consejo Superior se abstuviera de hacer la reunión del 19 de noviembre de 2020 donde eligieron a José Sierra.”
Sin embargo, “a pesar de las advertencias del Ministerio se llevó a cabo dicho acto”, explicó el exprofesor con 12 años de carrera en la Alma Mater y quien forma parte de la llamada “masacre laboral” que se efectuó días atrás en la UPC.
Según lo explicado por el abogado, tras realizarse el acto protocolar con las fallas latentes “pidieron explicación justificada de por qué lo hicieron, pero esas explicaciones no tuvieron recibo por parte de la inspección del Ministerio.”
Lo que sigue ahora es una nueva designación de rector en la que de antemano se debe cumplir con los estatutos de la universidad para que sea válida. En pocas palabras ‘Guerra avisada no mata soldado’.