¿Pena de muerte para sicarios?

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“El Derecho es la vida misma”: Luis Recasens Siches

El espeluznante desarrollo y apogeo del sicariato en Colombia ha llegado a unos extremos de profesionalismo tan aberrante que quienes se dedican a esa macabra profesión la consideran como una actividad socialmente adecuada y solo falta que pidan afiliación a los planes de seguridad social del Estado, como si se tratara de una actividad reconocida socialmente como licita.

Ha sido tan vertiginoso el ascenso de la espiral del sicariato que, de todas las pestes sociales que sufrimos, sin duda es la amenaza de mayor impacto social en la opinión, a tal punto que – ante la manera como reiteradamente el asesinato cobra nuevas víctimas – muchos, muchísimos sectores de la opinión han planteado de manera abierta y pública la pena de muerte para el sicariato, petición recogida por el Director Nacional de la Policía al reflexionar sobre la conveniencia de resucitar el debate acerca de la pena de muerte para esta tenebrosa y desequilibrante patología social, cada día más incontrolable para el Estado.

Declaración esta  que tuvo como motivación final la brutal masacre de unos menores de edad por parte de quienes resultaron ser verdaderas máquinas de la muerte. El solo hecho de abrir este debate implica comenzar a desconstruir nuestras propias convicciones acerca de lo ineficaz que han sido las formas  de encarar la delincuencia.

Desde hace mucho tiempo, debo confesarlo, he comenzado a pelear conmigo mismo; mis posiciones ideológicas y culturales resultan severamente cuestionadas por la vida misma, a tal extremo que si anteriormente rechazaba la pena de muerte de manera casi que emotiva y cargada de cierta dosis de irracionalidad, hoy día el fantasma de la predicción de uno de los Maestros de la Humanidad, como es Aristóteles, cuando me escandalizaba al decir que habían hombres que socialmente eran irrecuperables, la cruel y escalofriante situación de inseguridad creada por el Sicariato  pone entre paréntesis mi visión sobre el tema y  comienzo a sentir una angustia, no conceptual, sino existencial, cuya compañía me atormenta, por decir lo menos.

Este vértigo de la perplejidad que en mi transita al aferrarme en mantener mis viejas  posiciones, tambalea con el acontecer de la vida cotidiana, pues comienza a parecerme  absurdo mantener la defensa del derecho a la vida en cabeza de quienes han interiorizado tanto el desprecio por la vida de los demás que en ellos el asesinato constituye un hecho normal y cotidiano.

He aquí el gran dilema: ¿Resulta ser legítimo no aplicar la pena de muerte a los sicarios cuando ellos la han decretado para todos nosotros? ¿No será que este planteamiento en defensa del derecho a la vida de quienes profesionalmente se dedican al asesinato, paradójicamente ha servido  para poner en gravísimo peligro la vida de los demás? Estos interrogantes ponen a tambalear los valores que legitiman las diversas organizaciones sociales en el sentido de establecer una tabla de jerarquización entre ellos, que implica aceptar cuál será prioritario y como tal prevalece sobre los demás.

Al fin y al cabo el Derecho es un valor quebrado, es decir, debe escoger a nivel de prioridades históricas y entre valores enfrentados cuál de ellos merece ser privilegiado respeto a los demás. Todo este andamiaje conceptual lo enmarco dentro de la gran advertencia y al mismo tiempo sentencia del gran desconstructor de los inamovibles éticos y políticos de Occidente, Federico Nietzsche, cuando afirmaba: “La filosofía debe servir para vivir”.

He aquí el gran dilema que la dramática y caótica coyuntura social nos depara. ¿Resulta válido y legítimo seguir privilegiando la vida de los sicarios no obstante que ello implique poner en altísimo riesgo la vida de los demás? La actual crisis de inseguridad que padecemos  amerita reflexionar sobre este espantoso interrogante que acecha nuestra propia supervivencia; para ello debemos poner en suspenso todo el arsenal cultural, político e ideológico acerca de la conveniencia o inconveniencia de encarar la cruel arremetida del sicariato a través de una medida de choque que haga estallar nuestras propias convicciones, como sería la pena de muerte, en vista del colapso total a nivel del control social en que ha quedado el Derecho Penal en nuestro medio.

El solo hecho de plantear  esta dramática y espantosa medida me horroriza al extremo. Pero aún me horroriza más ver la estampida social provocada por el fantasma de la inseguridad en cada uno de nosotros, por prevalecer la defensa de la vida de un terrorista por encima  de la vida de  los ciudadanos.

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