Luego de que se anunciara un nuevo paro de los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López en la ciudad de Valledupar, la misma Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) le autorizó a la gerente de la ESE declarar ante el Tribunal Superior la vía de hecho como ilegal.
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Lo anterior, se anunció mediante una misiva firmada por el director de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud Álvaro Hernández; indica que podrá pedir la cancelación de la personería jurídica del sindicato.
Cabe recordar que durante todo el 2020 los trabajadores del HRPL han reclamado el no pago de 13 meses de salarios. En las últimas semanas, el Ministerio de Salud anunció la asignación de $15.000 millones para esta ESE y subsanar al menos, seis meses de la deuda a los trabajadores; no obstante, y por embargos a la cuenta, aún no se ha girado estos dineros a los profesionales.
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Para declarar ilegal el nuevo paro de los trabajadores de Salud en Valledupar, la Supersalud se escudó en los artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo, que establecen los casos de legalidad y sanciones que se le puedan atribuir a un grupo de manifestantes si se da el caso.
“Resulta necesario que su despacho adelante el trámite ante el Tribunal Superior con miras a que sea declarada la ilegalidad de la suspensión del paro colectivo, así como la suspensión o cancelación de la personería jurídica del sindicato, por tratarse de la atención en salud de un servicio público esencial, previo análisis y documentación de los hechos”, explicó la Supersalud.
Asimismo, refirió: “Así las cosas, dado que el ejercicio del derecho a la huelga está limitado por la preservación del orden público y por la garantía de los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra la salud de la población, este despacho considera que corresponde a la Gobernación y a la Alcaldía evaluar la situación y llevar a cabo las actuaciones que considere necesaria, incluido el despliegue de la fuerza pública”, puntualizó la Superintendencia Nacional de Salud.
Además…
Karen Oñate, una de las voceras del personal afectado por el no pago de sus salarios, indicó que se encuentran amparados bajo la disposición de “la protesta constitucional” y seguirán exigiendo en las instalaciones de la Gobernación del Cesar el pago de 13 meses de salarios ya adeudos.