Niños de La Guajira siguen muriendo por desnutrición: Dejusticia

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Foto: cortesía
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Según el último informe de la organización Dejusticia, “Territorio wayúu: entre distancias y ausencias. Pobreza alimentaria, malnutrición y acceso a agua potable en los entornos escolares de Uribia”, los niños de La Guajira siguen viviendo en condiciones marginales y que ponen en riesgo su vida. Las conclusiones de este estudio indicaron que durante 2020 murieron más de 60 menores por causas asociadas a la desnutrición.

Adicional, se evidenció que el hambre y la malnutrición tienen un impacto desproporcionado en los pueblos, comunidades étnicas y en los grupos con menores recursos económicos, aunque en las zonas urbanas de departamento las condiciones no son las óptimas, los niños que viven en la parte rural son los que más afectados por la falta de recursos y el apoyo del Estado.

Julián Gutiérrez, abogado, especialista en derecho constitucional e investigador de Dejusticia, explicó a través de la plataforma cuál es el panorama real que viven los niños de esta región y cómo se ha evidenciado que el Gobierno no ha avanzado de manera eficaz en los compromisos que se trazaron para ayudar a esta población.

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“En los diferentes informes realizados por Dejusticia y por la Veeduría Ciudadana, hemos constatado el precario avance institucional. Por un lado, en enero del 2020, la Presidencia de la República creó una Comisión Intersectorial que, no obstante, ha actuado sin participación de las autoridades indígenas legítimas; y, por otro, tras dos aplazamientos otorgados por el Tribunal a la Presidencia, en marzo del 2019 y marzo del 2020, aún no se ha construido y concertado el Plan de Acción”, explicó Gutiérrez en un texto de su autoriza.

Esta situación, que no es nueva y según relata el informe de Dejusticia, llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara, en diciembre de 2015, medidas cautelares en favor de las comunidades wayúu de la alta Guajira y a que la Corte Constitucional emitiera en 2017 dos sentencias de tutela para proteger los derechos a la autodeterminación, al agua, la alimentación y a la salud de los niños y niñas de este pueblo indígena, una de ellas ordenando medidas estructurales para la región.

Cuatro años después, aunque los casos de muertes en la alta Guajira por causas relacionadas con la desnutrición han disminuido, aún se siguen presentando, pero esta vez con menor despliegue mediático: según información de la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia, 63 niños y niñas wayúu murieron en 2020 por causas asociadas con la desnutrición.

En el informe entregado por la institución constataron que en La Guajira persiste la falta de información para construir políticas y evaluar su impacto en la salud y alimentación de los niños y niñas. Desde 2018, no hay cifras detalladas sobre la prevalencia de desnutrición global y aguda en el departamento.

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“De los otros dos indicadores, su evaluación es negativa: para 2019 la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años representó el 18% del total nacional, y el promedio de desnutrición crónica en La Guajira (26%) resultó ser más del doble que el nacional (10,8%). Aunque no existen cifras suficientes para evaluar el impacto de la pandemia en las comunidades, creemos que también pudo agravar la situación de derechos humanos en el territorio. Así, mientras avanza lenta y desordenadamente el cumplimiento de las órdenes, la crisis continúa y se reproduce”, escribió Julián Gutiérrez, abogado, especialista en derecho constitucional e investigador de Dejusticia y compartió a través del portal de la organización

Las cifras de 2021:

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reveló que este 2021 han muerto por desnutrición infantil 17 niños, sin embargo, la Veeduría para La Guajira indicó que son 18 víctimas. Ambas entidades advirtieron a la Corte que en ese departamento se presentan ocho veces más muertes de menores que en cualquier otra parte del país. Lo grave es que todas estas son prevenibles.

Ambas entidades solicitaron al Gobierno que se cumplan con todos los acuerdos que se han hecho en la zona y se entregue un informe con todo el trabajo que se está realizando para constatar que se están entregando las ayudas correspondientes.

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