La Universidad Popular del Cesar (UPC) no está en su mejor momento. Quizás nunca lo ha estado, pero ahora está en su peor momento: la politiquería desvergonzada arrasa con todo, sobre todo con el poquito de credibilidad que tiene la institución, la única pública naciente en este departamento.
Posibles fraudes y dudas parecen una cátedra del pensum educativo superior. El apetito voraz de sectores politiqueros, en pos de los más de $80 mil millones de pesos, el 47% recursos propios, que constituye el presupuesto de la UPC, es la razón más probable de esa lucha encarnizada. El botín es apetitoso, comparable con los de la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y Corpocesar, y no solo por lo financiero, también por la fronda burocrática, seleccionada a dedo y de manera provisional, lo que de contera da la magnitud de la crisis académica y administrativa de la institución.
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Para muchos, y con razón, la UPC estaría llamada a erigirse en la institución más importante del territorio, inclusive por encima de los entes gubernamentales. En sus hombros recae la responsabilidad misional de preparar el capital social para entregarle a la región hombres y mujeres (buenos ciudadanos) de las mayores competencias profesionales: competitivos, emprendedores, creativos…
Es la responsabilidad del maestro, inmensa, por manera que sus directivos, profesores y, sobre todo, su rector, deben tener unas excepcionales calidades éticas y profesionales. Cualquiera podría ser gobernador, cualquiera podría ser alcalde, pero no cualquiera debería ser Rector de una universidad, y menos de la UPC, el principal centro universitario de la región.
Si, la UPC hace rato perdió su norte misional. Ni siquiera sus estamentos internos (más de 13 mil estudiantes, la mayoría de estratos populares; más de 1.200 profesores) la honran cuando permiten obsecuentes, sin inmutarse, más bien prohijando el festín, la rebatiña sobre un estamento público que les pertenece. Inclusive, ese comportamiento es sintomático de una educación aborregada o de una metástasis de la corrupta politiquería que abraza a toda la institución. ¿Quién la defiende, pues?
La realidad es otra cosa
Pero ese idealismo dista mucho de la realidad. Para empezar, la UPC se ubica en la posición 69 de las 100 universidades de Colombia evaluadas. En la costa caribe colombiana existen siete universidades públicas: cuatro están acreditadas – U. Magdalena, U. Atlántico, U. Córdoba y U. Cartagena-. Y tres sin acreditación: la UPC, la U. de La Guajira y la U. de Sucre. Sin embargo, las dos últimas están próximas a obtener este reconocimiento al tener más de cuatro programas acreditados; la UPC solo tiene un programa acreditado.
Cabe resaltar que, la acreditación es el reconocimiento a la calidad y tipo de calidad impartida en la academia. Según el Ministerio de Educación, para obtener acreditación institucional las universidades deben contar con el 40% de los programas ofertados acreditados.
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Según el profesor César Torres, “Los indicadores de producción científica también arrojan conclusiones negativas: los grupos de investigación en la UPC solo son 49, cifra mínima comparada con el volumen de estudiantes matriculados (más de 13.000) y de profesores (más de 1.000 contratados); además, los que están en categoría avanzada no alcanzan a ser más de 10, a diferencia de otras instituciones que cuentan con más de 70 grupos de investigación avanzada, presentando más de 400 trabajos investigativos. La UPC bordea solo los 200 proyectos”, explicó César Torres.
Es importante mencionar que en el Cesar existen 59 grupos de investigación que solo representan el 1% al aporte nacional.
Para variar, la UPC también se encuentra rezagada, con relación a las universidades de la costa caribe, en programas en maestrías y doctorados. Esa síntesis deficitaria es explicable: los afanes politiqueros y la voracidad financiera, alimento aditivo para los grupos políticos que se disputan encarnizados el manejo de la universidad, los distrae de lo transcendental. Poco les importa la academia. Poco les importa una visión prospectiva. Poco les importa la grandeza para sobreponer el interés colectivo. O talvez ni siquiera saben los directivos qué es y para qué una universidad.
Se pierden en pequeñeces mezquinas. Un solo ejemplo sirve de ilustración. En los últimos cinco años, la UPC ha tenido cerca de 10 rectores, la mayoría encargados, y muchos de ellos luego judicializados. Como dato curioso, el único rector que ejerció completo su periodo (4 años) fue Jesualdo Hernández.
En busca de culpables…
¿Es la universidad el reflejo o la réplica fotográfica de la realidad de su entorno, o es el territorio consecuencia de su universidad en la medida en que ésta determina o no su desarrollo? A decir verdad, en nuestro país vallenato hay retroalimentación: el entorno está carcomido por la corrupción, por la politiquería; hay ausencia de liderazgo e institucionalidad, y poco ejercicio de ciudadanía y democracia.
Tal cual en la UPC, con el agravante que ésta, por antonomasia, debe ser el contrapeso ético para aportar en competitividad y emprenderismo. Ah, y en liderazgo, por ser el faro dialéctico de toda sociedad.
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A quién culpar de la crisis de la UPC, pues. ¿A las personas que hacen el mandado para oficiar de rector? ¿A los grupos politiqueros que la desangran, quitando y poniendo marionetas? ¿Al consejo superior universitario (csu), así en minúscula, finalmente subalterno del poder contrato-burocrático de todos los rectores de turno, o al poco carácter de los elegidos como consejeros, caso el del sector productivo? ¿A los obsecuentes profesores y catedráticos? ¿A los estudiantes, en otras épocas y otros lares, pilares de la inconformidad, gestores de cambio y progreso, y hoy alienados y contemporizadores de todo el desastre notorio? ¿Acaso es un problema estructural, poca capacidad para el manejo de la autonomía universitaria? ¿Todos los anteriores?
Está dicho. La verdadera crisis se da cuando compromete a todos los órganos sin excepción. Si uno solo de ellos no estuviese afectado o contagiado, ese solo órgano sería el contrapeso para evitar la debacle. Pero la politiquería, sofisticada forma de corrupción, no suelta su presa y más bien suele fagocitar los órganos o miembros ‘rebeldes’.
El profesor Torres si la tiene clara. “La politiquería encontró un espacio en la UPC y hay que cerrarles las puertas, ¿cómo? quitándole las cosas por las que van ciertos personajes: vinculaciones y contrataciones. Por eso insisto que estos temas deben hacerse por concursos públicos de méritos y no a dedo. Se debe mejorar la nómina: solo en la parte administrativa más del 90% de los funcionarios son provisionales, convirtiéndose en un caldo de cultivo para el politiquero. El contraste es grande: mientras otras instituciones de carácter público que cuentan con acreditación de calidad superior: U. Nacional, U. Antioquia, U. Valle debaten qué académicos son idóneos para ejercer como rector, la UPC se hunde en una avalancha de favores direccionados por los mandatarios de turnos”.
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En diálogo con Enfoque Vallenato, César Torres indicó que otro punto que incide en el declive de la UPC está en la planta docente y su contratación al estilo sastre (a la medida de quien dirige): actualmente la institución cuenta con solo 70 profesores de carrera; de los 1.235 docentes, 1.125 son ocasionales, catedráticos y provisionales, siendo contratados a medida de la necesidad de la institución.
A su vez, el manejo poco transparente en la asignación de los cupos, el negocio con la escuela de perfeccionamiento (conocida como preuniversitario) y bajos indicadores investigativos, académicos y participativos, mantienen a la UPC casi que en el fondo de un abismo.
La actualidad le da la razón: a la manera venezolana, 2 rectores, ambos encargados, ejercen simultáneamente, Raúl Gutiérrez Maya – línea CD, Sergio Araujo Castro y Darling Guevara – y José Rafael Sierra Lafaurie – línea Monsalvo Gnecco -, ambos con defensores de su legalidad.
Para Torres, la designación de Sierra tiene validez por provenir del csu, máxima instancia universitaria, pero considera que “esa constante movilidad rectoral tiene que ver con los intereses politiqueros. Las elecciones de la UPC es lo más terrible que hay, casi parecidas a las elecciones regionales con regalos como tamales e incluso dinero. Por lo anterior, me preocupa una posible intervención del Gobierno, al no estar acreditada dispondrá el Estado de sus manejos y riendas”.
Robert Romero Ramírez, ex decano del programa de Derecho y ex aspirante a la rectoría, sostiene que “Los encargos no generan estabilidad porque no son por periodos fijos, de tal manera que el CSU discrecionalmente puede terminar la delegación en cualquier momento». Por tal razón, manifestó que la designación de José Sierra como rector encargado el pasado 19 de noviembre, obedece a un proceso normal del CSU.
Romero acotó que lo realmente irregular de los procesos es no entender un requisito elemental en derecho público: la presunción de legalidad de los actos; una vez emitidos por autoridad competente – CSU – la presunción de legalidad obliga a su acatamiento. Por tal motivo, al rechazar la postura del órgano consejero “se está usurpando funciones públicas, han llegado hasta a bloquear entradas para evitar se posesione el nuevo rector, eso es penoso, un acto bochornoso”, afirmó.
¿Intervención o auto reforma?
La crisis de la UPC es de vieja data, para qué repetirlo. Justamente esa reiteración crítica, ha llevado a muchos a creer que se impone una intervención pro tempore del Mineducación para rescatar a la UPC, arrebatándoselo a los grupos locales politiqueros.
Diálogos de Ciudad, espacio para la discusión y análisis de problemáticas neurálgicas de la ciudad, ha tocado en dos ocasiones el tema de la intervención, sin que prosperara, pues dirigentes universitarios estimaban que la UPC tenía capacidad para evaluarse críticamente y auto reformarse. Pero no ha podido. Por el contrario, el desgreño se ha intensificado.
Muchos de los defensores de la auto reforma hoy rectifican, mostrándose de acuerdo con la intervención. “Cuando se habla de auto reforma primero se tiene que tener la consciencia de querer hacerlo, pero esa disposición no está en las personas que hacen parte de la UPC, predomina lo individual ante lo colectivo”, asevera contrito el profesor Torres.
Quien sí se sostiene en su tesis de la auto reforma, es Romero Ramírez: “Seguimos dando clases (…) no es viable una intervención. Hasta el momento los docentes no han presentado problemas y, por el contrario, han continuado impartiendo clases normalmente, evitando afectar las actividades académicas y procesos de los estudiantes… una intervención de MinEducación a la UPC no es posible, ya que no se ha desacatado ningún llamado del Gobierno Nacional. Una intervención sería justificable al no cumplir los ítems emanados desde Educación Nacional en temas de calidad académica y estándares institucionales”.
Sin embargo, reconoció Romero que una de las principales fallas de la UPC ha sido la no disposición de autoreformarse, pese a contar con los instrumentos y competencias para hacerlo.
“Urge una reforma a los estatutos de la universidad para hacer un tema de persuasión, los que tenemos son de 1994 y necesitamos otros más actualizados con estándares de gestión pública moderna”.
Posición del Comité Intergremial
El comité intergremial del Cesar – Fenalco, Camacol, Fedecafé, Fedegan, Fedecacao, Fedepalma, Cotelco, Fenalce y Fendipetroleo – indicó que la politiquería regional se consume la institución pública del departamento, generando un estado lamentable para la institución.
El presidente del Inter gremial, Arístides López Cuello, afirmó que la principal protagonista en esta odisea es la “rampante politiquería… el declive upecista se remonta años atrás y hoy se visualiza un panorama más deplorable”.
No obstante, la postura del comité no llega a ser consecuente con la decisión adoptada por el representante del sector productivo ante el CSU, que al votar por la designación de Sierra Lafourie validó la actuación de división hoy criticada.
“Nuestra propuesta es generar una pedagogía que permita rescatar la ética institucional, propender políticas, estrategias y prácticas para rescatar la confianza institucional”, finalizó López Cuello.
Andanzas de los rectores
Enfoque Vallenato conoció que Sierra Lafaurie denunció ante la Fiscalía Nacional a Gutiérrez Maya y otros miembros universitarios por incurrir presuntamente en usurpación.
“Los señores Raúl Gutiérrez Maya, Jaime Mejía y Dalianis Vargas Suárez siguen firmando documentos que no nacen a la vida jurídica al ser unos particulares que no están vinculados a la institución, cometiendo presuntamente delitos de usurpación de funciones públicas y funcionario de hecho”, eran apartes de la misiva, con copia a la Procuraduría.
Además, se conoció que Sierra Lafaurie, luego de su llegada a la rectoría, emitió la Resolución 2046 en el que autoriza el pago de prima de navidad a todos los funcionarios de la UPC. Cabe recordar que Sierra, en su primer acto como rector, finalizó el contrato de Raúl Gutiérrez como secretario general de la UPC.
Como las cosas son de tira y afloja, Raúl Gutiérrez Maya, en su último pronunciamiento, indicó que Sierra Lafaurie estaría incurriendo en el delito de prevaricato e informó que el equipo jurídico formularía las denuncias pertinentes.
“Esperamos el respaldo de MinEducación, órgano competente para dar constancia y determinar a quién le corresponde el cargo de rector; si es necesario nos haremos acompañar de la fuerza pública para tomar nuevamente el control de la rectoría”, dijo Gutiérrez Maya, encargado de la rectoría luego de la destitución de Darling Guevara.
“Lo que están haciendo ellos es inexistente, el Ministerio de Educación no da espera porque han burlado hasta a su delegada en el CSU”, comentó.
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La conclusión desde MinEducación
Para finalizar esta odisea por la disputa de la rectoría de la UPC, el Ministerio de Educación se pronunció rechazando a José Sierra Lafaurie como rector encargado, luego de que el pasado 19 de noviembre el mismo Consejo Superior Universitario lo designaran en el cargo, quitando a Raúl Gutiérrez Maya.
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En una misiva, MinEducación dice: «Frente a la solicitud se indica que en esta oportunidad la misma no podrá ser atendida favorablemente», refiriéndose a la delegación de Sierra Lafaurie.
Además, la autoridad educativa nacional mencionó las razones de la no aceptación:
«No cumple con los requisitos, toda vez que en la certificación expedida por el secretario General no se hace una relación detallada de las normas internas que se aplicaron en la convocatoria y el desarrollo de la sesión donde fue elegido o designado el nuevo rector (…) no sé indicó bajo que causal se sustentó la ausencia de los miembros principales exrectores y sector productivo y tampoco la participación de miembros suplentes en la participación».
Terrorífica está descripción de la Universidad! Lamentable estado de postración!
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