Un breve visita realizó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, para asistir al Foro Regional #YoVotoLimpio junto a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Misión de Observación Electoral, Registraduría y demás ente de control.
Durante su intervención manifestó que “La mejor forma de castigar la corrupción es salir a votar. La ciudadanía tiene en sus manos acabar con las maquinarias políticas del pasado, que aún operan en todo el territorio colombiano”, como además hacer del tema electoral un panorama más confiable para Colombia.
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Informó que varias ‘empresas criminales’ estarían ya incurriendo en varias de las 19 conductas contrarias electorales como la compra de votos, alteraciones en el preconteo, amenazas y presiones sobre los funcionarios públicos y contratistas del Estado. Hay alcaldes que están en eso, para quienes la Procuraduría ha sido implacable en la toma de decisiones.
Informó que la Procuraduría actualmente registra 1.175 investigaciones electorales a 503 candidatos: 471 a alcaldías y 32 a la Gobernación; en 274 municipios del país (24.6%), se evidencia un alto riesgo de “trasteo de votos”, unos 795.000 podrían ser trashumantes. Y unas 315 entidades locales están en alto riesgo electoral.
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Más datos
Para la Región Caribe, el Procurador anunció que, de 196 municipios, 40 se alzan en trashumancia (20.4%). Siete, de los 25 municipios del Cesar están en esa posición siendo un 28% de lo general llegando a ser unos 27.197 casos con más problemas en: Becerril, La Jagua de Ibirico, Río de Oro y Chiriguaná. En la misma forma, hay once entidades del Cesar con riesgo electoral alto. Curumaní con 78%, Pailitas (74%), Chimichagua (70%), La Gloria (70%), Río de Oro (66%) y Aguachica (63%).
“Estamos con todas las alarmas puestas, seguimos adelante con las actuaciones de carácter disciplinario”, comentó Carrillo. Por eso dispondrán más de 7.000 funcionarios en todas las mesas electorales del país para garantizar el voto limpio.
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Hasta el momento, hay 728 registros en la aplicación; se han hecho 168 operativos de desmonte de publicidad indebida de 1.025 vallas, pendones y pasacalles, además de 1.410 postes. También se cuenta con una Procuraduría móvil por todo el territorio nacional.
Con relación a la protección de los líderes sociales, que son candidatos a corporaciones locales, se está en alerta pues a nivel nacional hay 148 amenazados.