Inconformismo y oportunidad en medio de la suspensión de los revocatorios

Mello Castro, Robinson Manosalva y Carlos Arturo Ríos, a la espera para afrontar proceso de firmas.

La Registraduría Nacional de Colombia emitió un comunicado en el cual establece que 58 procesos legales de revocatoria a mandatarios se paralizarían, al parecer por riesgo de contagio al covid-19. El proceso revocatorio exige recolección de firmas por lo que esto implicaría un contacto directo con algún posible portador del virus.

La prosecución del proceso depende ahora del Ministerio de Salud y Protección Social, la que deberá autorizar o no se continúen los procesos bajo protocolos de bioseguridad. La continuidad de los procesos actuales de revocatoria a los 58 mandatarios implicaría una inyección de capital por 200 mil millones de pesos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá aprobar.

Según el comunicado oficial: “…El presupuesto estimado incluye la revisión de apoyos que respaldan las iniciativas, así como la conformación del censo, la selección de jurados de votación, organización logística de los puestos de votación, elaboración y distribución de los kits electorales, pre conteo, escrutinios, consolidación y entrega de resultados”.

Por qué los revocatorios

Según la Ley 134 de 1994, “La revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde”.

Para solicitar una revocatoria de mandato, debe haber un número no inferior del 40 % de ciudadanos que ejercieron en las elecciones del gobernante a revocar, y es aquí donde está el riesgo que justifica la Registraduría para suspender momentáneamente la revocatoria, pues este porcentaje de personas deberá firmar para validar dicha petición.

Para entender el contexto actual que se suma a la crisis de salud mundial por Covid-19, están las crisis internas de cada departamento colombiano y sus particulares problemas en ámbitos como: infraestructura, servicios públicos y, por supuesto, el de la salud.

El inconformismo ciudadano con la gestión de los mandatarios han motivado 58 solicitudes de revocatoria de mandato en todo el país, de ellas 4 en el Cesar: Mello Castro, alcalde de Valledupar; Robinson Manosalva, alcalde de Aguachica, quien enfrenta dos procesos de revocatoria, y Carlos Arturo Ríos Vera, alcalde de San Alberto, al sur del Cesar.

En el caso de Mello Castro, se ha cuestionado precisamente sus premisas de ‘seguridad’ y ‘orden’ que prometió en sus primeros 14 días de trabajo: “… organizar la casa, el tránsito, la movilidad. Hay que organizar la seguridad, hay que ponerle orden a los corregimientos, que las obras que se hagan puedan llegar, puedan tener acceso los corregimientos. Valledupar no puede seguir creciendo desorganizada, hay que ordenarla con planeación. Son muchas cosas”. Sin embargo, para la Asociación Amigos de Valledupar, a través de su vocero, Armando Mendoza, son estas promesas incumplidas las que han generado “inconformismo” en la ciudadanía.

Mucha agenda y poca acción

Para Mendoza, quien lidera la vocería del revocatorio, el Mello ha incumplido: “Él dijo que iba a hacer el deprimido de la glorieta María Mulata, iba a darle ayuda a las mujeres cabeza de hogar, iba a regalar 2000 mil casas, ¿tú has visto alguna entrega de 2000 casas?”.

“Tenemos todo el programa de gobierno de Mello Castro, él cortó y pegó el proyecto de gobierno, para mí un muchacho inexperto”, expresó Mendoza, quien además insistió en que la competencia la tiene el Consejo Nacional Electoral.

En el caso del alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, los motivos de su revocatoria son los mismos, supuestas promesas no cumplidas. El municipio no ha superado su problema de agua: a inicios de la pandemia por covid-19, diversos barrios como Los Cocos pasaban hasta un mes sin el servicio de agua potable, lo cual generó en la población un gasto extra al tener que hacer uso de los carrotanques de agua por un valor aproximado de 15 mil pesos, cada 15 días en poblaciones de escasos recursos.

Hasta el 14 de enero iban 21 solicitudes de revocatoria en todo el país, pero con los días, la inconformidad se ha incrementado y la cifra casi se triplicó, por lo que el comunicado de la Registraduría generó críticas. Según Mendoza, esperar por el protocolo de bioseguridad no debe ser motivo de atraso en los procesos.

“Este no es momento de revocatoria, no es momento de polarización”, había expresado el presidente Duque el pasado 26 de enero, en noticias Caracol, donde además manifestó que el manejo de la pandemia requiere un compromiso político – ciudadano.

Cabe recordar que luego de realizada la consulta del 40 % de la población, se procede a unas elecciones que serían dos meses después del proceso antes mencionado.

El profesor de la facultad de bellas artes y secretario general del Sindicato Nacional de Profesores Universitarios, SINALDUN UPC,  José Omar Varela, expresó que las medidas establecidas recientemente por la Registraduría “fundamentalmente limitan o coartan una serie de iniciativas ciudadanas establecidas constitucionalmente; inicialmente en el artículo 40 de la constitución se plantea todo lo que tiene que ver con la revocatoria de mandato por incumplimiento en los gobiernos, y allí se fortalece la ley 131 del 94’ con unas exigencias mínimas para poder darle cumplimiento”.

Aunque en la pandemia actual, los protocolos de bioseguridad han requerido de una suspensión momentánea: “esto nos invita a reflexionar sobre los mecanismos o metodologías que debería contemplar el país para darle viabilidad a estas situaciones o circunstancias anómalas como la que estamos viviendo en este momento”.

Si bien se debe proteger la vida, porque desde el punto de vista logístico implica un acercamiento entre las personas, también se debe garantizar el derecho a la participación de este derecho.

“Que no signifique la violación de iniciativas ciudadanas que están encaminadas al fortalecimiento de los procesos cívicos que van en pro de la dignidad”, recalcó el profesor universitario.

Es decir, llevar a la virtualidad próximos procesos para evitar sus retrasos es la reflexión,  “aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas”, llevar a la modernización y conectividad el país para garantizar la participación ciudadana. Sobre esto último, el profesor Varela recordó el uso de encuestas por correo que se hacen en otros países y que pudieran servir de ejemplo para la modernización, un ejemplo reciente son las elecciones presidenciales en EE.UU las cuales tuvo a disposición el método de votación por correo.

Por un lado, la inconformidad con el sistema crece por parte de quiénes consideran innecesario suspender el revocatorio, pero por otro lado, podría ser la oportunidad para que los mecanismos de participación ciudadana se modernicen y desde casa se pueda realizar el envío de las firmas y otros procesos que le podría permitir a Colombia más crecimiento y desarrollo tecnológico.

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