De lejos, la inseguridad ciudadana es el mayor problema que aflige a los colombianos. Todos los estudios de opinión registran el fenómeno, extensivo a todas las ciudades del país, imponiendo agenda a los candidatos para las próximas elecciones.
El concepto de Seguridad Ciudadana es amplísimo y va más allá del aspecto criminal que contraviene el orden civil democrático, que genera violencia y que vulnera la convivencia sana y pacífica de la sociedad. Como bien lo afirma el PNUD, los delitos que atentan contra la vida, la integridad personal y el patrimonio económico, son punibles que por antonomasia revelan el índice de inseguridad en una población determinada — aunque no son los únicos — y esto se debe precisamente al alto impacto que la actividad delictiva ejerce sobre la supremacía de los derechos humanos y, obvio es decirlo, sobre el desarrollo humano.
En especial Valledupar se siente cercado por la inseguridad; siente que le zumba en los oídos, que acecha a la vuelta de la esquina, que vigila todos nuestros movimientos – el comercial, el financiero, el académico, la simple locomoción – limitándolos hasta hacernos sentir enjaulados, presos del pánico y la desesperanza.
Aunque las estadísticas, las frías estadísticas, digan lo contrario, no es aventurado temer la generalización de pánico, lo que debilitaría la fe institucional al sentirnos cada día más en manos de la delincuencia. Un solo crimen, un solo atraco, un solo raponazo, uno solo alimenta y le da vida a la percepción de inseguridad, sobre todo cuando ese crimen, atraco o raponazo se da en nuestras narices, o es virilizado y banalizado por las redes sociales.
Muchos argumentarán que es cuestión de mala percepción, en cuyo caso se impone una estrategia eficaz y masiva y sostenible para, con una más eficiente comunicación ciudadana, llegarle al cerebro y al corazón de los colombianos y cambiar ese ‘imaginario colectivo perverso’ que horada la institucionalidad. Si el Estado pierde la confianza ciudadana, lo pierde todo. Si el Estado no se gana el afecto ciudadano, no hace nada.
Parece una perogrullada, pero una adecuada percepción de la realidad, además de evitar enemigos, gana en amigos y socios, indispensables en la lucha contra la inseguridad. La seguridad es un compromiso de todos; a todos nos corresponde prevenirla y enfrentarla, persuadirla y disuadirla, informar y formar ciudadanos, responsabilidad que no debería soslayar la propia administración de justicia visualizándose como disuasiva y no estimulante del delito.
¿Cómo hacer para que la ciudadanía entienda decisiones judiciales que dejan en libertad a delincuentes apresados in fraganti? ¿Cómo hacer para que acepte al raponero con quien se tropieza en la calle cuando ayer nada más nos atracó? El mayor estímulo para el delito es la convicción de que nada pasará. Hay que trabajar, pues, con ahínco y devoción para mejorar la percepción ciudadana, pero cuidándose el Estado (la nación, el departamento, el municipio) de incurrir en maquillajes estadísticos, en demagogia, en populismo.
Desde luego, el mapa conceptual delictivo en cada región específica ha de mostrar unas causas probables generadoras de la delincuencia. ¿Cómo obviarlas? Resultaría de una candidez ramplona pretender acabar de un tajo, policivamente, con este tipo de inseguridad sin antes conocer, acabar o reducir a sus justas proporciones, para parodiar al ex presidente Turbay Ayala, las causas generadoras de la misma.
La inseguridad no es apenas un problema de orden público que debe atacarse exclusivamente con medidas policivas. Un craso error que fotografía la poca formación y compromiso de nuestros últimos gobernantes seccionales, cuyos balances de gobierno son deficitarios, absolutamente nulos en la reducción de los índices de pobreza, desempleo, IPC, exclusión, informalidad, etc., indicadores que en vez de mejorar, empeoraron en los últimos años.
Es necesario que los mandatos gubernamentales se asuman no como costura, ni como cuartos de hora para enriquecerse, sino para promoverse en la historia como dadores de soluciones que satisfacen necesidades básicas. Es decir, la buena gestión de los gobernantes ha de medirse por los resultados en la reducción de los vergonzosos indicadores que residencian al Cesar y a Valledupar en los últimos lugares de atraso.
No se trata tan solo de dotaciones de motos, elementos de comunicación, recompensas, consejos y caminatas de seguridad; esto ha de hacerse, pero complementario a lo principal: un buen gobierno que impacte positivamente a su comunidad.