Por: Antonio Córdoba Muñoz
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La injerencia de las esferas del poder económico y político en los medios de comunicación es hoy una realidad tangible. Convertidos éstos en generadores de percepciones, creencias, posturas y sentimientos, dan forma a los ‘estados de opinión pública’ que se reflejan en la interpretación que los individuos hacen de la realidad social, política, cultural y económica en que viven.
Los periódicos colombianos cumplieron durante buena parte del siglo XIX el papel de estafetas de las ideas políticas del naciente bipartidismo, coadyuvando con la consolidación de proyectos hegemónicos desde las trincheras liberales o conservadoras.
Aunque en el país el ejercicio del periodismo ha alcanzado un aceptable nivel profesional y en las principales ciudades hay importantes diarios de circulación regional, en tanto que las facultades de comunicación gradúan unos 4.500 periodistas anuales, son pocos los que logran posicionarse en ellos y menos aún pasar a las páginas editoriales de los grandes medios.
No obstante, podemos preciarnos de tener en Colombia una amplísima gama de publicaciones especializadas de todo orden y de contar con periodistas independientes y de investigación de alta calidad, objetivos y rigurosos en su trabajo, que han hecho un aporte invaluable a la construcción de la democracia en nuestro país.
Empezaré, a manera de homenaje, por nombrar algunos que pagaron con sus vidas el alto precio de la verdad y la denuncia contra el crimen, la corrupción y la injusticia social: Guillermo Cano Isaza, Jaime Garzón Forero, Luis Palacio Iragorri, Jesús Valencia Castro, William Bendeck Olivella, Jorge Enrique Pulido, Guzmán Quintero Torres y, con ellos, 148 mártires más sacrificados en los últimos 40 años en razón de su compromiso con la verdad, la ética y la justicia social.
Me atrevería también a reseñar como paradigmas del periodismo de investigación en Colombia a Gabriel García Márquez, Gerardo Reyes, German Castro Caicedo, Juan Gossain, Salud Hernández M. y otros que, en aras de la brevedad, no alcanzo a mencionar. Pero reservo un lugar especial en el periodismo investigativo de hoy, en nuestro país, para Daniel Coronell.
Su trabajo se ha caracterizado por el rigor, la objetividad y la veracidad, con una elevada dosis de valor para tocar aspectos neurálgicos de la vida nacional. Sus columnas se han convertido en tribuna para denunciar el delito y la corrupción en todas sus formas y sus nexos con los centros de poder, asumiendo, por supuesto, un riesgo que muy pocos estarían dispuestos a correr.
Su último trabajo, relacionado con los llamados ‘Bonos de agua o Bonos Carrasquilla’, le ha merecido elogios y críticas por el carácter esclarecedor de un asunto de interés nacional, tanto que el recién nombrado ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, fue llamado al más candente debate de control político que se haya dado en los últimos tiempos en el Senado de la República y, por qué no decirlo, el más incómodo para la administración Duque y el partido de gobierno el Centro Democrático, citado por el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático.
De manera tal que el colombiano de a pie, el ciudadano de la calle, se puede enterar de asuntos que afectan a su municipalidad y que antes eran solo del dominio de círculos estrechos de la administración pública, como el nivel de endeudamiento alcanzado por la administración y si éste se refleja o no en el bienestar colectivo o si, por el contrario, alimenta el despilfarro y la corrupción.
Nos enteramos, a través de la columna de Coronel y del posterior debate de Robledo, que el ‘producto financiero’ creado por el doctor Carrasquilla y denominado ‘Bonos de Agua’, opera como un cheque girado contra los recursos del sistema general de participación, es decir, contra las partidas que la nación asigna anualmente a los municipios, de tal suerte que si los entes territoriales se quiebran, paga la nación con cargo a los ingresos futuros de éstos dejándolos en una delicada situación financiera.
Según una reciente publicación de ‘El Pilón’, el municipio de Valledupar tiene por ese concepto una deuda de 36 mil millones de pesos, heredada de una administración pasada. Este tipo de periodismo coadyuva con la formación de una ‘opinión pública calificada’ que le hace bien a la sociedad porque democratiza la información y le da herramientas para ejercer una veeduría ciudadana eficaz.