Corte Constitucional tumbó impuesto solidario de Covid – 19

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Inconstitucional, así declaró la Corte Constitucional el Decreto 568 de 2020 sobre el cual se creó el impuesto solidario para Covid – 19; dirigido a salarios y contratos de prestaciones de servicios que superen los $10.000 millones y que estén a cargo de servidores públicos como del Estado.

Así las cosas, los dineros ya cancelados del tributo serán considerados un anticipo del impuesto de renta para la vigencia del presente año, que deberán ser cancelados en el 2021.

 

A través de una misiva se conoció que por cinco votos la Corte tumbó este punto, considerado uno de los más controvertidos de la pandemia; el Alto Tribunal consideró que el impuesto solidario violaría los principios de generalidad y la equidad tributaria horizontal, pues los dineros se especificaban sobre el empleo público.

Para ser viable, se debió cubrir todas las personas naturales que reciben ingresos superiores a los $10.000 millones por salarios, pensiones, arriendos, dividendos, rendimientos financieros, entre otras.

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Cabe destacar que a estas personas se les descontaría en mayo, junio y julio desde un 10% y 20%, dinero que sirvió para alimentar con unos $287.000 millones el fondo Fome, creado para atender a la población más vulnerable en la pandemia.

A la Corte Constitucional llegaron más de 100 conceptos  de fiscales, jueces, magistrados, profesores, funcionarios de la Procuraduría o la Contraloría, pensionados, que pedían ante el alto tribunal tumbar ese tributo afirmando que es desproporcionado para los gastos personales; además, que es injusto solo gravarlos a ellos y no a los empleados y pensionados privados, y que según el artículo 215 de la Constitución, el Gobierno no puede en los Estados de Emergencia desmejorar los derechos sociales de los trabajadores a través de decretos.