Hasta la Corte Constitucional fue enviada una petición por parte del alcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar), para que la minería en esa población sea reactivada. El mecanismo utilizado por el mandatario Ovelio Jiménez fue un oficio.
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Preciso, Jiménez remitió a la Sala de Selección de Tutelas de la Corte un documento en el que se pide la revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Cesar, sumado a otro del Consejo de Estado, en los que se suspende el proyecto ‘Botadero El Palomo’.
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Esas acciones llevaron a que se suspendieran las operaciones de las empresas Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, lo que ha generado una crisis socioeconómica que hoy reprocha el alcalde de La Jagua de Ibirico.
“La operación carbonífera de la ‘Mina La Jagua’ encadena y jalona una serie de actividades económicas que redundan en beneficio de la población del municipio. Esto es, no solo la generación de empleos directos, sino porque la explotación minera conlleva la contratación de red de proveedores de la región”, dice un aparte de la petición del alcalde Ovelio Jiménez.