Evelio Daza Daza
Con la llegada de la Universidad Nacional al pueblo de La Paz, no hay la menor duda que interactuarán las distintas variables que integran los componentes de lo que a nivel del Desarrollo Social se ha denominado Polo de Desarrollo.
Tal interacción generará un gigantesco movimiento en torno al complejo concepto de desarrollo para estructurar nuevas posibilidades y formas de vida acorde a las necesidades que se irán presentando con la llegada de una Universidad, en especial la Nacional, pues las estadísticas del tiempo histórico muestran grandes cambios en el comportamiento colectivo e individual del conglomerado social que recibe este impacto.
Por ello he insistido en la necesidad de prepararnos para recibir a la Universidad Nacional, lo cual requiere el inicio de un complejo proceso de actividades comunitarias y gubernamentales. Dicha presencia seguro cambiará la percepción de la historia no solo de La Paz, sino de todo el entorno, en especial de Valledupar, que dado su potencial de desarrollo muy por encima de aquellos tendrá una gran incidencia en esta faena que desde ya califico como una de las obras de mayor impacto social en toda la extensa área que cubrirá.
La movilidad urbana e intermunicipal se erige como uno de los componentes de mayor prioridad social si tenemos en cuenta que el tráfico Valledupar – La Paz actualmente está infartado; el colapso será total si no se buscan alternativas paralelas para desembotellar el tránsito por esa vía, bastión fundamental para absolver la poderosa demanda de transeúntes movilizados entre estos dos pueblos.
La gran autopista Valledupar – La Paz adquiere ribetes de extrema necesidad, exigiendo de nuestros gobiernos locales y regionales encarar desde ya los estudios de factibilidad. Lógico, resulta de extrema urgencia clarificar la situación legal de los predios por donde será trazada esta autopista. En administración anterior, la de Guillermo Castro Daza, no pudo construirse este tramo, esgrimiéndose como obstáculo principal la oposición del ex procurador Edgardo Maya Villazón, cuya familia es propietaria de una parcela por donde pasaría la vía.
El tema vuelve a la palestra pública, pero con nuevos ingredientes que al salir a la luz desenmascara las verdaderas causas de la oposición del señor ex procurador a la realización de esta obra. A través del diario local El Pilón, se denuncia que el trasfondo del asunto no es la ausencia de la licencia ambiental y de su respectivo programa de manejo ecológico, es decir, no era la defensa del medio ambiente.
Según El Pilón, el predio fue negociado con el Estado desde hace mucho tiempo por la suma que en esa época era la estimada; pretender una nueva negociación resulta extravagante e ilícita, pues la venta de ese predio se hizo de acuerdo a la normatividad existente y, como tal, resulta inapropiado desconocer esa compraventa.
Conocida la respuesta del ex procurador, nuestra preocupación, y de muchísimas personas, se incrementa aún más si tenemos en cuenta que su posición confirma el sentir generalizado que mira las actuaciones del Dr. Maya como una estrategia para deshacer el contrato y volver a negociar en condiciones muy favorables para él, pero supremamente onerosas para el Estado. Devolver el dinero recibido, así sea con intereses, implicaría nuevas negociaciones, y seguro, con precios escandalosamente muy por encima de los que recibieron en aquella época, creándose así un enorme detrimento patrimonial para el Estado.
Así las cosas, se requiere conocer la posición del Estado frente a esta situación, pues cualquier pretensión de querer deshacer esa compraventa para sacar más provecho económico resultaría antijurídica e inaceptable.
El interés social prevalece sobre los feudos particulares, máxime aún si dicho predio fue comprado y aún continúa en poder de sus antiguos propietarios. ¡Qué tal esa!