La Procuraduría General de la Nación impuso Aida Merlano (excongresista) sanciones que le impiden ejercer cargos públicos o de elección popular por un término de 10 años.
El primer punto de la decisión del Ministerio Público establece que se “declaró probado y no desvirtuado el único cargo formulado” a la exrepresentante a la Cámara del Partido Conservador por el Atlántico.
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Dicho cargo es el de corrupción al sufragante y para la Procuraduría se trata de una “falta gravísima a título de dolo”. Como consecuencia de esto, detalla el ente de control, se decretan las sanciones:
“Imponer a la señora Aída Merlano Rebolledo, en su condición ya señalada, sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años”.
El documento establece que la excongresista debe ser notificada de la determinación y que puede interponer un recurso de reposición; de lo contrario, quedará en firme y los trámites quedarán a cargo de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios.
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La decisión de la Procuraduría es la tercera que se toma contra Merlano Rebolledo, pues en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra ella.
En ese momento, el alto tribunal decidió rebajar la pena de 15 años que le dictó en primera instancia a 11 años y 4 meses de prisión “por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal”.
Por compra de votos la Procuraduria inhabilita a Aida Merlano, por 10 años.
Los señores Char y Gerlein que aportaron los dineros para cometer el ilícito, felices y muertos de la risa.
María Fernanda Cabal y Margarita Restrepo que cometieron el mismo delito, impolutas. pic.twitter.com/Hl9UDsvYOQ— Euquico (@Eclides3) December 10, 2020
El alto tribunal también le pidió al Senado que le aplicara la ‘silla vacía’, puesto que Soledad Tamayo se posesionó en la curul que Merlano obtuvo por medio de la corrupción electoral, y con el cambio de legislatura fue Arturo Char el que tuvo que dejar en firme esa figura, aunque haya estado salpicado por el escándalo.
Además, algunos meses antes, en octubre de de 2019, el Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura de la excongresista barranquillera al considerar que violó los topes máximos de los gastos en su campaña al Senado. Además, el CNE también le formuló cargos por ese dinero pero no ha dejado en firme ninguna decisión.