Actos  políticos  y  faltas  disciplinarias

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Evelio Daza Daza

Acerca de la destitución del alcalde Gustavo Petro se ha formado una gigantesca ola de opiniones, que para efecto de nuestro propósito las clasificaremos  desde el punto de vista procesal en dos grandes grupos que giran en torno de la competencia para proceder a su destitución.

La opinión inmensamente mayoritaria coincide que el Procurador carece de dicha competencia, radicándola bien sea en cabeza del Presidente de la República o en manos  del Poder Judicial de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales de la  corte Interamericana de los Derechos  Humanos, según la cual una autoridad administrativa, como es el Procurador General de la Nación, carece de funciones para investigar y destituir a un funcionario de elección popular, como es el caso que nos ocupa.

Si bien es cierto que esta controversia de orden procesal  tiene grandes implicaciones desde el marco referencial del Debido Proceso, habida cuenta que el factor de competencia es uno de los componentes de este Derecho Fundamental cuya transgresión genera una nulidad insubsanable, también lo es que no se ha dado el debate de fondo, el que tiene que ver con las características de lo que tradicionalmente se han denominados los actos políticos frente a la posibilidad de ejercer sobre los mismos los diversos controles establecidos para encarar la validez y legitimidad de las otras modalidades con que suelen manifestarse los funcionarios del Estado.

Es aquí donde radica la gran diferencia cualitativa de los denominados actos políticos frente a las otras formas de expresarse la administración pública, pues aquellos carecen  de los controles establecidos, por ejemplo, para los actos administrativos, como quiera  que en ellos el Principio de Legalidad  puede verse afectado por la discrecionalidad política del Gobernante al momento de adoptar una medida  de gobierno dentro de la propuesta política presentada al elector  como política de su mandato y que posteriormente deberá plasmar en el respectivo plan de desarrollo a ejecutar bajo la modalidad del voto programático, so pena de poder ser objeto de un proceso de revocatoria del mandato.

Estos actos son de carácter político y como tal no pueden ser objeto de un control disciplinario, es decir,  de control de este tipo por parte de la Procuraduría General de la Nación  por cuanto los mismos no constituyen faltas disciplinarais.

Trasladando esta armazón conceptual al caso de Gustavo Petro es fácil concluir que la decisión política de asumir el Distrito la recolección de basuras hace parte del programa de gobierno por el cual votaron los bogotanos, donde la prevalencia de lo público se asume en defensa del interés general.

Petro no ha cometido ninguna falta disciplinaria y como tal la discusión de quién debe juzgarlo pasa a ser intranscendente, sencillamente porque al no haber cometido ningún hecho previsto como causal disciplinaria su comportamiento resulta atípico y como tal no puede ser juzgado por ninguna autoridad.

El gran error es calificar su posición política en defensa de lo público como una falta disciplinaria gravísima. De ser así se estaría gestando un funesto precedente en contra de los actos políticos o de gobierno, lo que acabaría de un tajo con el principio de la separación de poderes y llegaríamos al absurdo de tener que preguntarle a la Procuraduría cómo creen ellos que deben ser los criterios para elaborar el Plan de Desarrollo  y bajo qué circunstancias y condiciones sociales considerarían que debe el ejecutivo encausar las acciones para ejecutar dicho plan.

Es decir, el Ejecutivo, en cualquiera de sus niveles, dejaría de ser la instancia para tomar las decisiones políticas. Y no obstante tener cierta regulación, no por ello pueden  ser asumidas por este órgano de control, lo que sería un desbarajuste total de la razón de ser de los diferentes escalones de la competencia en el ejercicio de la función pública, cuya usurpación por los organismos de control haría colapsar la discrecionalidad del Ejecutivo, la que si bien es cierto tiene cierta reglamentación, no puede llegar a anular la discrecionalidad política de la conveniencia de una decisión.

Por ejemplo,  el hecho de encausar los dineros en el Plan de Desarrollo para construir un puente en vez de un colegio, jamás puede ser objeto de un reproche disciplinario. De serlo, la Procuraduría se convertiría en otra instancia que suple al Gobierno. Quien vigila no puede simultáneamente  gobernar, como se pretende en este caso.

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