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Tercerización, ¿abrebocas de la privatización?

Por: Helen Dayana Bohórquez Quintero

helenbohorquezperiodista@gmail.com

El tema Emdupar sigue ocupando primera página en el imaginario de los valduparenses. Y no puede ser de otra manera, como quiera que atiende servicios sensibles para la comunidad, los públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Pero también pesa su historial de más de 50 años, el indecente manejo politiquero dado en los últimos lustros y la honda crisis actual que la tiene al borde de la quiebra.

La inminencia de la quiebra de la empresa ha aguzado la discusión sobre el futuro de la misma, propiciándose unos debates viscerales sobre cuál sería su mejor estructura jurídica, si pública, si mixta o si privada. Se trata no solo de preservarla, sino de preservarla llena de salud para una óptima prestación de los servicios públicos encomendados.

Por supuesto, la discusión no deja de ser infértil porque de antemano se ha proscrito la privatización, como si fuera el cuco de las empresas. A fuerza de repetirlo hasta el cansancio, la satanización de la privatización predicada por el sindicalismo ha calado hondo en el imaginario valduparense, sobre todo en el de los gobernantes que, en veces por populismo y otras por ignorancia e inconsecuencia, patinan en esa patria boba; así, fue inevitable la crisis, y es inevitable el atollamiento de Emdupar.

Situación actual

En honor a la verdad, Emdupar no es netamente una empresa pública, sino de economía mixta. Sus  estatutos y su naturaleza jurídica se cambiaron en el 2013 en virtud de unas acciones adquiridas por el fondo de empleados de Emdupar. La mayoría de las acciones, sin embargo, pertenecen al municipio y unas pocas al Terminal de Transporte de Valledupar e Indupal, entidades también de la órbita municipal, y otro poco al departamento del Cesar. Pública o de economía mixta, lo cierto es que la empresa ha colapsado.

Emdupar es coadministrada por una junta directiva compuesta por 7 miembros principales, uno de ellos el propio alcalde de la ciudad, quien la preside; los otros, excepto el representante del gobernador, son miembros del gabinete municipal, con quienes hace inevitablemente mayoría para deliberar y decidir. Como quien dice, es un cuerpo colegiado de una persona por efecto de la dependencia hacía el alcalde. A su vez, la Junta Directiva nombra al gerente de la empresa, una ficha del sector político ‘dueño’ de la entidad, retornando el favor en burocracia y contratos.

Para realizar un balance de la dinámica presupuestal de la empresa, Omar Contreras Socarras, Contralor municipal de Valledupar y presidente de la Comisión Regional de Moralización, aportó un diagnó stico financiero en temas de gestión, ejecución, aspectos técnicos y aspectos operaciones con base en el FUT durante el último año.

Los ingresos totales de la empresa decrecen en un 8,4% y los gastos aumentan en un 5,3% generando una pérdida de $2.022 millones.

En relación a los ingresos corrientes de la empresa, tienen un Decrecimiento anual del 12%, mientras que los gastos de funcionamiento avanzan anualmente en un 11% en contraste con los gastos de inversión que hoy en día es de cero pesos. Respecto al recaudo de cartera, hay que decir que asciende a un ritmo anual de 34%.

Por si fuera poco, el índice de agua no contabilizada asciende al 59,2%, esto representa  $7.037 millones que la empresa está dejando de recibir.

De otro lado está el aumento del pago a la nómina, que pasó de $5.000 millones en el 2015 a $11.000 millones en el 2016; hoy en día la empresa tiene 255 empleados, todos devengando salarios millonarios. Los datos del Formato Único Territorial (FUT) del Ministerio de Hacienda no mienten, desde el 2010 Emdupar solo produce pérdidas.

“La empresa produce para pagar funcionamiento pero no para invertir; en lo que ha corrido en la actual administración no se evidencia inversión alguna, aunque se firmó un convenio de desempeño con la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios”, afirmó el contralor Omar Contreras.

Un tiro de gracia

Según el ex alcalde de Valledupar y ex gerente de Emdupar, Elías Ochoa Daza, “la experiencia más nefasta que tiene Emdupar es el paso por la administración municipal del anterior alcalde (Fredy Socarras); este señor, en aras de hacer política, hizo una cantidad de desastres en la empresa por mostrarse como el más generoso. Sin pensar en cuánto podría costar eso, metió a un conjunto de personas y les ordenó hacerles, a través de la junta directiva, un contrato de trabajo a término indefinido  beneficiándolos de la convención; para remate, en junio de 2015, a todos los que estaban con contrato de prestación de servicio les hizo un contrato por 3 años con unos sueldos muy representativos…la empresa es otro caso de corrupción, en el que la plata entra, pero al bolsillo de los contratistas y no al de la empresa”, remató.

Los problemas son más. Cuentas por pagar en tesorería de más de $16.000 millones; rezagos en las inversiones, 62.000 morosos; entre esos ciudadanos que deben más de 25 millones de pesos, lo que es una cartera difícil de recuperar; hoteles, moteles y casas de campo que pagan una mínima cantidad por el servicio, entre otros aspectos que de no tomarse las medidas pertinentes se augura una liquidación total de la empresa de servicios públicos de Valledupar.

Otros eran los tiempos…

El buen funcionamiento de la empresa que opera  desde 1944 se le salió de las manos a sus directivos, hasta el punto de oficializar una intervención de terceros para el manejo integral de cartera.

Sin embargo, esta noticia de tercerización no es novedad. Durante más de treinta años Emdupar ha estado intervenida: la lectura de medidores, el reparto de los recibos, la facturación y otras funciones han sido contratadas durante estas tres décadas con particulares, tal como lo afirman ex gerentes de la entidad y ex alcaldes de la ciudad.

Sin duda, el ciudadano ve en la tercerización el primer paso para la privatización, lo que, según los críticos, le arrebataría al sector público la incidencia e influencia  sobre la empresa y su capacidad de “proteger al ciudadano, sobre todo al habitante de zonas marginales, ahora expuestos a la voracidad de los privados”.

En últimas, lo que verdaderamente debería interesarle a los ciudadanos es que se brinden servicios públicos de calidad que respondan a las necesidades de la ciudad, que contribuyan al crecimiento de la misma, y que se disminuyan los niveles de endeudamiento, que es justamente lo que no está pasando hoy en día.

El paso amigable a la tercerización formal, fue posible por la magnitud del caos, en especial en la parte comercial que requiere de una pronta intervención. Lo que se busca es concentrar en una sola empresa (Radian) todos los contratos. Para el personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, “la  preocupación es que el camino de la tercerización, como ha sucedido con otras empresas, sea el camino a la privatización y eso no lo quisiéramos para esta empresa de Valledupar”.

Privatización, ¿parte de la solución?

Lo dicho. El tema de la privatización es largo y denso. Hay opiniones a favor y las hay en contra, inclusive polarizadas. De todas maneras conviene debatirse en vez de eludirse, pues lo que importa es la salud de la empresa y la calidad de sus servicios.

En el país hay ejemplos exitosos de empresas públicas y los hay también vergonzosos. Igual, también los hay vergonzosos de empresas privadas al frente de empresas públicas. Las EPM rubrican éxito total. Emdupar, fracaso total.

La ventaja más importante de la privatización es que los objetivos de la empresa no estarían afectados por las conveniencias polítiqueras (burocracia, contratocracia, caja menor) del gob

ernante de turno, así las cosas, se atenderían las necesidades reales y no a las cuotas de la politiquería.

Así mismo, privatizar la empresa significa inyección de capital, saneamiento de cartera, inversión, incrementos en la producción de todas sus áreas, productividad.  Otro aspecto positivo es que una privatización abriría la posibilidad de inversión y entrada de capital extranjero.

El economista venezolano Ricardo Hausmann Goldfarb, director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor de Economía de la Universidad de Harvard, argumenta que “en primer lugar, la privatización indica que un país desea crear un clima propicio a la inversión, lo cual atrae a su vez más inversiones; en segundo lugar, numerosas privatizaciones engendran inversiones destinadas a modernizar la instalación y los equipos de las empresas adquiridas; en tercer lugar, la privatización mejora a menudo la oferta de servicios básicos, tanto en calidad como en cantidad, lo que aumenta la rentabilidad del conjunto de la economía y atrae más inversiones”.

Lo importante es que el privado que venga a desarrollar negocio en la región sea un equipo responsable, con capacidad de inversión, con experiencia y buenas prácticas de gobierno corporativo, que sea sostenible tanto en términos económicos como en términos sociales y ambientales; si estos puntos se logran, una privatización siempre resulta benéfica.

El lado oscuro de las privatizaciones se encuentra, por un lado, en que se reducen significativamente los empleados, pues el desempleo crece en respuesta de las privatizaciones.  Otro aspecto de riesgo es que el Estado, negligente e ineficiente, no incida en las tarifas, afectándose los usuarios, en especial los sectores marginales.

La economista y profesional en comercio Exterior, Carmen Rosa Bohórquez, manifiesta que “una privatización supone un riesgo para los ciudadanos con pocos recursos económicos o de clase baja, vistas por las empresas como poco rentables y terminan siendo las más afectadas al ser los más necesitados de los servicios”.

Para los sindicatos, una privatización pondría en riesgo sus derechos como trabajadores, pues consideran que el sector privado solo estará pendiente de su rentabilidad.

Dubis Ester Díaz Montero, presidenta del sindicato de trabajadores de Emdupar, asegura oponerse a una privatización si fuera el caso, pero sobre la tercerización manifiesta que reconoce que la empresa necesita que sea intervenida en el menor tiempo posible. “Se debe hacer un comité veedor para la redacción del contrato que la empresa va hacer con el que sea el operador, pues tendríamos que mirar las ventajas y las desventajas que asumiríamos”, expresó la líder del sindicato.

En opinión de la abogada Luz Leonila Cuadro,  la solución no es la privatización ni tercerización, “el pueblo no debe pagar por las fallas del aparato del estado ya que este está en la obligación de cumplir con las funciones establecidas en la ley para asegurar y garantizar la prestación de un buen servicio público”, aseguró.

La administración municipal, en cabeza de su alcalde Augusto Uhia Ramírez, ha sido enfático en la no privatización de Emdupar. A pesar de la consistencia con la promesa de campaña, es evidente la inconsistencia con su empeño de trabajar hombro a hombro con el sector privado, no solo por generarle confianza, mas también por ser consciente de su importancia para el desarrollo de la ciudad. ¿Entonces, le tiene confianza o no al sector privado?

 Opinión de la Superintendencia

Independiente de cual sea la solución, debe implementarse cuanto antes, de lo contrario deberán asumir las consecuencias advertidas por el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quien manifestó que la superintendencia impone unos requisitos de obligatorio cumplimiento para que los servicios públicos se presten adecuadamente y que las herramientas punitivas para asegurar servicios de calidad se impondrán en caso de no cumplir con el plan de salvamento estipulado.

“La superintendencia no tiene que ver con esta decisión, nosotros no definimos cómo se cumplen las metas, no nos inmiscuimos en las decisiones, pero si velaremos porque se cumplan las reglas en materia de prestación de servicios públicos, estaremos encima de la compañía”, indicó el Superintendente.

Conclusión

La crisis profunda que vive Emdupar exige un fuerte revolcón en el manejo de la empresa, sobre todo que se proscriba la politiquería en su manejo y que deje de manejarse como la caja menor del municipio.

Aunque su naturaleza jurídica siga siendo pública o mixta, su administración debe corresponder a un criterio gerencial-empresarial, esto es, la Junta Directiva debe conformarse con personas de criterios independientes, no dependientes del alcalde o del gobernador o de sectores políticos y, en lo posible, con empresarios.

El gerente, por consiguiente y con mayor razón, debe obedecer a los mismos criterios empresariales.

Si, una empresa pública manejada como empresa privada. ¡Para verdades, el tiempo!

 

 

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