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Suspenden proceso electoral en la UPC

El proceso electoral en la Universidad Popular del Cesar ha estado lleno de tropiezos.  Se trata de una puja llena de controversia, es e un codiciado puesto como el una alcaldía e incluso, gobernación, son unos onerosos recursos los que se manejan al interior de este claustro educativo y aunque no debería ser el motivo de la llegada a este cargo por parte de los aspirantes, no se puede tapar el sol con una mano y decir que los candidatos ignoran este detalle.

Primero la cantidad de aspirantes llamó la atención, 17 quieren ser rectores, luego, el proceso que por primera vez se realizará de forma virtual también generó opiniones de todos los extremos, para unos no garantiza la transparencia y para otros es el mecanismo ideal.

Luego el consejo superior inadmite a 7 de los aspirantes por la falta de un certificado de vecindad que comprobara que durante los últimos 5 años  han vivido en la ciudad, los 7 inadmitidos alzaron sus voces de protesta, pues todos llevan 10 años, incluso más, ejerciendo como docentes universitarios en esta ciudad.

Estos 7 convocaron una rueda de prensa acusando directamente al rector de una componenda con el consejo superior a favor de la candidatura de Darling Guevara, ungida del centro democrático, y hasta afirmaron que al interior de la universidad se han dado nombramientos y ascensos como ofrendas anticipadas para favorecer dicha candidatura.

Ratifican la inadmisión tras recurso de apelación. Luego aparecen tres tres demandas para que Darling Guevara no sea admitida como candidata a Rectoría argumentando que no cuenda con la experiencia académica solicitada.

La noticia más reciente tiene que ver con el resultado de la tutela interpuesta por Jose Guillermo Botero que detiene el proceso de elección. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar decretó suspender provisionalmente el calendario electoral, lo que significa que los tiempos no se cumplirían dentro del cronograma establecido y entonces, Enrique Meza culminaría su periodo sin existir nuevo rector, por lo que tendría que darse un encargo.

Guillermo Botero argumenta que se le ha violado el  derecho fundamental a elegir y ser elegido, debido proceso, igualdad y al acceso a cargos públicos en conexión con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

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