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Las 10 exigencias de los estudiantes al Gobierno

A pesar del anuncio hecho por el Gobierno de asignar 500 mil millones de pesos más a la educación superior, los estudiantes preparan para este miércoles una nueva jornada de protesta. Aseguran que lo aprobado no es suficiente y que se les está haciendo «conejo».

El pasado 10 de octubre, miles de estudiantes, profesores y rectores de universidades públicas salieron a las calles a llamar la atención sobre la crítica situación financiera que viven las instituciones oficiales del país.

A raíz de la protesta, congresistas y gobierno se pusieron de acuerdo para aumentar en 500 mil millones de pesos la asignación para las universidades públicas.

Aunque el anuncio fue visto como una buena noticia, no fue tan bien recibido por los estudiantes, que aseguran que ni son todos los recursos que se anunciaron ni son suficientes para resolver el problema.

La partida adicional, según explicó la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se distribuiría así: 223 mil millones de pesos irían para inversión en todas las instituciones de educación superior pública; otros 55 mil millones se destinarían para funcionamiento, 121 mil millones para el ejercicio anual de gratuidad y 101 mil millones para la línea de excelencia y méritos.

“Tras la contundencia de la movilización, el gobierno tramposamente anunció que se destinaría medio billón para el presupuesto de la educación”, expresaron los líderes de la manifestación, reunidos y convocados por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) este lunes para un pronunciamiento público desde la Universidad Pedagógica.

“Solo 55 mil millones se repartirán entre las 61 instituciones de educación pública y por el contrario 101 mil millones se invertirán en el nuevo Ser Pilo Paga, insistiendo en desviar recursos de la oferta pública educativa hacia el endeudamiento de las familias colombianas”, manifestaron en un comunicado, leído por los líderes estudiantiles Christian Guzmán (Universidad Nacional sede Medellín), Julieth Rincón (Universidad Piloto de Colombia) y Alejandro Palacio (Universidad Nacional). 

Según lo que han manifestado estudiantes y rectores, el déficit de funcionamiento de las IES públicas es de 3.2 billones, y para las instituciones técnicas y tecnológicas se estima un faltante de funcionamiento de 1.3 billones de pesos. “Ante esto, el gobierno nos responde con una suma pírrica de 55 mil millones de pesos, que no cubre los gastos de funcionamiento para el 2019, no alcanza para pagar los salarios ni formalizar a los trabajadores, profesores y funcionarios”, afirman.

Pedro Hernández, presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), señaló que “ya hemos demostrado que hay recursos para atender las necesidades de financiamiento en funcionamiento y que estamos prestos a que en el plan de desarrollo se pacte cómo vamos a saldar la deuda histórica”.

Las peticiones

Los estudiantes se mantienen en los 10 puntos que le han presentado al Gobierno y que, según ellos, son necesarios para rescatar a las universidades públicas.

Las exigencias, según dicen, son fruto de un trabajo que se viene haciendo desde hace año y medio, aproximadamente, y en ellas han participado unas 46 instituciones de educación superior.

Las peticiones incluyen:

  1. El incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos a las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas del país
  2. La reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex con tasa real de interés en 0%, condonación para los estudiantes de programa Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado  del programa y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos 
  3. Congelamiento inmediato en el incremento de valor de las matrículas en las IES de carácter privadas
  4. El aumento del presupuesto para Colciencias en un 100% con base al presupuesto asignado a Colciencias para el año 2018 y el cambio de criterios de medición y asignación de recursos a la misma institución
  5. La generación de un plan de pago de la deuda histórica que tiene el Estado con las Universidades Públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (hoy alcanza los 18,2 billones de pesos) y que deberá saldarse en un plazo no mayor a 10 años
  6. El mantenimiento de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
  7. Derogatoria de la Ley 1911 de Financiación Contingente al Ingreso bajo la construcción de una nueva regla fiscal
  8. No condicionar a las IES a realizar procesos de acreditación de alta calidad de los programas de manera obligatoria, debe ser voluntaria.
  9. Derogatoria de la Ley 1740 y del Decreto 1280 porque cercenan la autonomía universitaria
  10. Respeto y garantías para la movilización sin represalias en IES públicas y privadas.

La cifra otorgada por el gobierno “es un conejo al estudiantado y a todo el país”, señaló Palacio. Según la Unees, los 55 mil millones asignados no alcanzan “para nada”, pues son alrededor del 1,6% de sus necesidades. “Y pasa exactamente lo mismo con inversión.Hay un déficit de 15 billones de pesos y tan solo de esos 500 mil millones de pesos se entregarán 221 mil de inversión. Eso es alrededor del 1,3% de lo que falta”, agregó el estudiante.

Además, aseguran, el problema no solo se mide en cifras. Los estudiantes y profesores a diario deben lidiar en su cotidianidad con la crisis

La infraestructura de las instituciones se cae a pedazos y no hay suficiente dinero para hacer las reparaciones (o a veces reconstrucciones necesarias). Juan Esteban Londoño, estudiante de Licenciatura en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica, cuenta que en su plantel educativo el Edificio A está en reparación, por lo que sus compañeros y él han tenido que tomar sus clases en otras sedes. “Tenemos un predio que se llama Valmaría, por el Portal del Norte, que está próximo a una construcción. Pero por falta de recursos no se han podido levantar los salones”, comenta. “También la Universidad se está viendo sometida a recurrir a créditos para la construcción del mismo”, añade.

Las condiciones de bienestar universitario a las que tienen acceso los estudiantes no son las mejores. “El servicio de restaurante nos ayuda en que tenemos alimentación pero no está abierta a todos los estudiantes. A muchos llegar a pagar 5 mil pesos por el almuerzo es muy costoso porque tenemos que llegar a pagar casi 7 mil pesos diarios de transporte”, expresa Londoño.

Y esas condiciones se manifiestan en la deserción. Según Ana Flórez, para la Licenciatura en Ciencias Sociales se presentan “alrededor de 700 personas por semestre y solamente pasan 75. Es decir, el 10% de los que se presentan pueden ingresar a una universidad pública en este caso.  Y de los que ingresan muchas veces se gradúan 5 o 6 personas por semestre”.

Según Christian Guzmán, en el caso de la Universidad Nacional de Medellín,  “en la Facultad de Ciencias, casi el 80% de estudiantes desertan”, complementa.

Por el lado docente, su condición laboral es muy difícil. “La mayoría de nuestros profesores no pueden realizar tutorías porque su mismo contrato no lo permite. O su precarización  laboral: ellos trabajan acá y al mismo tiempo en el distrito, o en hasta 2 o 3 universidades”, expresa Flórez.

En la Nacional de Medellín, “el número de docentes no corresponde al número de estudiantes que entra a la institución educativa”, cuenta Guzmán. “La capacidad para colocar la educación en ese punto de calidad que necesita el país es muy difícil cuando los profes no tienen las condiciones necesarias para poder trabajar”, añade.

Lo que se viene

Este lunes, la Unees llamó al país a continuar en la movilización permanente que se ha desarrollado en las diferentes IES desde el 11 de octubre a través del paro universitario y asambleas permanentes.

“Exigimos que se atiendan las necesidades reales de la educación superior. Invitamos a la sociedad en su conjunto a que se sume a la defensa de la educación como un derecho fundamental y bien común, ya que es la unidad de los diferentes sectores la que permitirá conquistar un modelo de educación para un país soberano, justo y realmente democrático”, afirmó el movimiento en su comunicado.

Por ello, el próximo 17 de octubre convocaron a una nueva jornada de movilización.

En caso de que el gobierno no responda las exigencias del sector educativo, el 20 de octubre los estudiantes llevarán a cabo una reunión de emergencia en la capital del país. Por su parte, Fecode se pronunciará este 18 de octubre sobre si convoca su propia jornada de protesta. 

Por: Semana.com

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