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LA PANDEMIA DE LA CORRUPCIÓN

Foto: Refrencia

El caso Odebrecht ha revuelto toda el agua ensuciada por la corrupción rampante en Colombia. O mejor, le ha dado su verdadera dimensión.

De manera cándida pero flagelante creíamos que la corrupción era pandemia exclusiva de Colombia. Pero no. Carcome a nuestro país, pero igual o quizás más a otros países – la mayoría, inclusive – de América, Europa, Asia y pare de contar. Innumerables casos – el de la FIFA, p.ej.- nos dan la verdadera dimensión del problema.

Pero el mismo caso FIFA, o ahora el de Odebrecht, entre otros, también visibilizan verdaderas organizaciones transnacionales dedicadas y con capacidad de depredar al tiempo las estructuras gubernamentales de todos los países con grietas morales.

Odebrecht no se andaba por las ramas. Estaba estructurada para sobornar gobiernos, costase lo que costase, lo que implicaba un conocimiento de la catadura moral de la dirigencia de cada país y prevalidos que todos suelen tener precios.

El caso colombiano es sintomático, y ni siquiera puede consolarnos el que sea mal de muchos. Ha rato evidencia Colombia su fragilidad moral, que cada día se extiende más y más por todo el organismo social; es quizás lo único verdaderamente democratizado en el país: casi todos los colombianos lo practican, por acción u omisión, y aunque algunos la cuestionan apenas en susurro, terminan contemporizando con ella justamente por esa pasividad.

Desde Samper con su proceso 8000, la mayor cota de corrupción en nuestro país, hasta nuestros días, el desangre, empobrecimiento y pauperización de Colombia se ha desbocado. Si antes quedaban resquicios de frenos inhibitorios, de pudor, de vergüenza por el escarnio social, hoy nada de eso queda ante el desbordamiento de la inmoralidad.

Tanto se han contaminado los colombianos de corrupción, que la mismísima presunción de inocencia, principio universal de los Derechos Humanos, se ha trastocado en la práctica para presumirse lo corrupto. Tanto nos hemos contaminado, que también se ha afianzado el principio Maquiavélico de que el fin justifica los medios: sí se trata de hacerse al poder gubernamental, bien a la presidencia de la República, bien a los poderes locales, no importa untarse abiertamente de mermelada o subrepticiamente con la financiación del narcotráfico, de los paramilitares, de la guerrilla o de las  multinacionales contratantes, que no son precisamente instituciones de beneficencia sin ánimo de lucro.

El caso de La Guajira también es sintomático. Por lo menos, los últimos 7 gobernadores del vecino departamento están o han sido judicializados por conductas gravísimas, todas imputaciones de corrupción, que el asesinato también lo es. Como si fuera poco, las evidencias de corrupción brillan por doquier – se roban la plata de la alimentación escolar, exprimen a la salud, los billonarios recursos producidos por las regalías de carbón, sal, gas, etc., no se siembran en ninguna parte, hay cartel de la gasolina y pare de contar. La misma situación de irredención de La Guajira habla por sí sola: es de los departamentos que ocupa puestos de vergüenza cuando se trata de medir necesidades básicas insatisfechas pese a lo ya dicho: los altísimos recursos recibidos por regalías.

Pero vea usted: el colmo es que muchos ciudadanos, guajiros o no, eleven veces de protesta contra tales actuaciones de control aduciendo persecución del centralismo cachaco contra la provincia colombiana.

Claro que si hay centralismo y hay discriminación contra la provincia, pero ese argumento no podría ni debería esgrimirse para torcerle el pescuezo a las pesquisas y controles y sanciones por corrupción. No se puede caer en ese terreno movedizo, pues se le hace un flaco favor a la institucionalidad y la pulcritud y un gordísimo favor estimulante a los ladrones de toda pelambre que se creerán con derecho a arrasar con el erario.

La ciudadanía guajira, y la de Colombia toda, debe cerrar filas en rededor de la lucha contra la corrupción, cáigale el guante a quien le caiga, pues la corrupción carcome los cimientos de la civilidad.

Además, y en eso ha de enfatizarse, la corrupción es inversamente proporcional a la veeduría ciudadana. Si encuentra grietas en la ciudadanía, entra la corrupción, se debilita más la ciudadanía, se mete más la corrupción, así sucesivamente, hasta que la ciudadanía queda doblegada por completo. De ahí que la lucha contra la corrupción, a la par con las medidas de autoridad disuasivas, entrañe una estrategia sostenible en el tiempo y espacio de concienciación ciudadana. Sin ésta sería inane toda gestión: la sociedad seguiría promoviendo a los corruptos, aplaudiéndolos, y vituperando y riéndose de los probos como si fuesen marcianos.

¿Y la cárcel? ¿Quién aprehendería, judicializaría, condenaría a los corruptos, si la  propia justicia tendría pies de barro?

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