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LA CULTURA DE LO ÉTICO

Ahogados quizás por el estropicio del plebiscito y sus secuelas, los incidentes acaecidos en La Guajira, en torno a su gobernador encargado, han pasado un poco inadvertidos pese a la extrema gravedad que entrañan.

Jorge Enrique Vélez, titular de la superintendencia de notariado y registro, fue encargado de la gobernación de La Guajira para reemplazar a Oneida Pinto, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado.

En los pocos meses de encargo, al parecer Vélez ha pisado callos muy sensibles a juzgar por el ‘desenfreno y la descomposición’ de muchos dirigentes guajiros, decididos a no escatimar esfuerzos para parar la labor de profilaxis administrativa emprendida por el encargado del gobierno.

Intenso ha de ser el pánico y la desesperación, sin duda, pero igual o mayor ha de ser la arrogancia de los malhechores de cuello blanco decididos a impedir que se develen las irregularidades cometidas en la administración departamental de la Guajira, quién sabe desde cuándo.

Es posible que el dinero destinado a la implementación vaya a parar a los bolsillos de los particulares, en perjuicios de la satisfacción de necesidades básicas; eso es corrupción.

El caso de La Guajira es sintomático de todo el país, en unas latitudes más, en otras menos, pero en todas hace presencia la malhadada corrupción, llave maestra que abre las puertas para todos los desmanes previsibles. El temor de muchos de los votantes por el SI en el reciente plebiscito, era (y sigue siendo) la evidente incapacidad del Estado para implementar debidamente dichos acuerdos, justamente por la corrupción rampante con su abrazo de oso.

Es posible que un gobierno determinado se haga el loco y desconozca total o parcialmente los acuerdos; eso es corrupción. Es posible que el dinero destinado a la implementación vaya a parar a los bolsillos de los particulares, en perjuicios de la satisfacción de necesidades básicas; eso es corrupción. Es posible que en algunos casos se aplique justicia privada; eso es corrupción… y pare de contar.

Lo más grave es la aparente generalización de esa corrupción, habida cuenta que la gran mayoría de la sociedad consiente el accionar delictivo o corrupto de una ínfima minoría, consentimiento que a la larga alimenta la impunidad, esto es, invita y promueve la corrupción por ausencia de sanción legal o social.

¿Cómo explicarse que, en La Guajira, en vez de hacerse un frente común para apoyar y hasta exigir exhaustivas auditorías de los entes de control, incluso de las veedurías ciudadanas, más bien su dirigencia se una para bloquear e impedir las investigaciones contra la corrupción, para descalificar al denunciante, para declararlo interdicto, para amenazarlo de muerte…? En verdad, la realidad supera la ficción.

La Guajira, es triste reconocerlo, viene de tumbo en tumbo, granjeándose una mala fama como pueblo de pistoleros, como pueblo indolente, como pueblo corrupto, como pueblo donde matan por desnutrición a los niños indígenas, como pueblo con predisposición a todas las bonanzas deleznables – contrabando, marimba, cocaína, deshuesadora de carros, clanes familiares armados ilegalmente, gasolina, etc. - cuando bien sabemos que de esas prácticas no participa la mayoría de la población, aunque muchos se vean obligados a desarrollarlas por la condición de pueblo irredento. 

El Cesar vivió lo suyo parecido, y aún no ha podido librarse totalmente de esas prácticas. Hubo una época de orfandad casi absoluta, pues sus líderes políticos pernoctaron por mucho tiempo en las cárceles enjuiciados como delincuentes; apenas se está sacudiendo, que no es tarea fácil, pero por necesaria ha de emprenderse.

En los municipios del Cesar, como en los de La Guajira, con seguridad los particulares o gobernantes de turno y sus secuaces, hacen también de las suyas, espiral que cada día crece más y más…hay que ponerle contención antes que engulla y arrase con todo, para no quedarnos llorando lo que no supimos defender como hombres.

El ejemplo paradigmático para las presentes y nuevas generaciones es apoyar todo atisbo de buen gobierno, todo empeño de preservar los recursos públicos, sin importar a quien se lleven por los cachos. Quien defraude el erario no merece respeto; en ese sentido, haría bien la dirigencia de La Guajira en apoyar públicamente al gobernador encargado para que saque a la luz pública todos los desmanes administrativos  o hallazgos fiscales que lograre encontrar. Y claro, condenar los actos delincuenciales a través de los cuales pretenden amedrentarlo, porque el damnificado es en verdad el departamento.

Hay que velar por una cultura de lo ético, de lo solidario, por una cultura de la honestidad. Hay que velar por aquellos valores morales sobre los cuales cimentar el desarrollo de los pueblos. El engaño y la mentira, el facilismo, a la larga debilita y fractura el organismo social.            

 

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