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Justa y oportuna decisión

Agazapada en medio del berenjenal político, la decisión del Consejo de Estado (C. de E.) que ordena devolverle al municipio de Valledupar el Parque de la Leyenda Vallenata no ha tenido el despliegue mediático debido; o quizás los vallenatos, sorprendidos y temblorosos, aún no han dado para sobreponerse y levantarse los pantalones, digerir la decisión y, consecuente, definir qué hacer con el parque y con el festival vallenato.

Sin duda, para la administración municipal la decisión fue un batatazo que a su vez le genera una profunda crisis de crecimiento al no estar en sus cálculos la eventualidad de fungir como propietario y administrador de semejante templo. Pero le tocó y hay que asumirlo, además con eficiencia dada la contundencia de la decisión: si la obligación de la Fundación del Festival Vallenato es entregar el predio en 45 días, sin derecho a reclamar indemnización, el municipio tiene el derecho y el deber concomitante de recibirlo en el mismo término.

El asunto del recibimiento del predio es ‘problema’ minúsculo. La cuestión es qué hacer con él, cómo explotarlo de manera eficiente, cómo hacer crecer y desarrollar el proyecto en la dimensión de su concepción, que se convierta en verdad en el Olimpo del Vallenato, punto referente de la mayor atracción turística para propios y foráneos.

En honor a la verdad, el C. de E. hizo justicia tal cual dirimió la litis que discutía la propiedad del predio, pero sobre todo por soltar las amarras que impedía el crecimiento físico y funcional del parque. Ninguna entidad pública, ninguna entidad privada, invertiría en un proyecto que se percibía privado y familiar, lo que condenaba al parque a su estancamiento, a permanecer reducido a su mínima expresión.

Con la decisión se abre la posibilidad – para bien del territorio, para bien del folclor vallenato – de que los entes territoriales, e inclusive la empresa privada, inviertan en un proyecto con trazas de ser productivo desde la perspectiva financiera, cultural y folclórica.

Es decir, el C. de E. puso las cosas en su justa proporción, abriendo un mar de posibilidades para engrandecer el territorio y, por supuesto, el folclor. Sin necedad, sin presuntuosidad, sin mezquindad, deben barajarse fórmulas incluyentes que garanticen no solo la rentable explotación del parque, sino, sobre todo, la preservación y continuidad in crescendo del festival vallenato.

Porque no nos llamemos a engaños. La decisión del C. de E., si bien se refiere de modo concreto a la propiedad del predio, tiene la virtualidad de hacer imperativa la revisión de la operación del festival vallenato en razón a la simbiosis umbilical formada entre el evento y el escenario.

Seguramente el festival podrá realizarse en otros escenarios, como en los primeros años. Y seguramente, macondianos al fin y al cabo, no faltará quien proponga el manejo del festival directamente por el municipio. Esto es, politiquearlo. Pero ello significaría, en ambos casos, un retroceso imperdonable que finalmente haría colapsar tanto al festival como al parque.

A propósito. ¿La ‘propiedad’ del festival vallenato recae en cabeza de quién, del municipio, del departamento, quién puede conceder su franquicia? ¿Podría abrirse licitación para adjudicarla? ¿Podría realizarse, en razón a la libertad de empresas, varios festivales operados por diversas entidades o personas naturales? ¿Podría la FFLV seguir como operador sin permiso o autorización alguna?

Los puntos sobre las íes: ha de reconocerse que la FFLV, en la práctica operador del festival, y no su propietario, ha hecho una muy buena labor en la organización de los festivales que le han correspondido. Ha posicionado en palco de honor al festival y a la música vallenato. El evento ha convertido a Valledupar en un destino obligado para miles de colombianos y foráneos, dinamizando la economía local, todo ello pese a las falencias monstruosas de exclusión y totalitarismo familiar.

Sería un error soslayar la experiencia acumulada de la FFLV para la organización de estos eventos. Pero la FFLV debe hacer un acto de contrición y reconocer la nueva realidad que le es adversa. A nuestro juicio, debe propiciarse una alianza, acaso pública-privada, donde participen otros actores y concederle pro tempore la franquicia a la FFLV, pero sometidas a unas precisas reglas de juego, bajo el entendido que el festival no les pertenece y que lo operan en representación de sus verdaderos dueños. Una consecuencia de ello es la obligatoriedad de someterse a las directrices del nuevo ente mandante y de rendir cuentas periódicas.

Para bien o para mal, la suerte de Valledupar y el Cesar está ligada indisolublemente a su folclor vallenato.

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