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Informe – Venezolanos en Colombia, el drama continúa…

Por: Helen Dayana Bohórquez

Helenbohorquezperiodista@gmail.com

 El drama no se ha extinguido. Por el contrario, crece con el tiempo. Venezuela atraviesa la peor crisis social y económica de su historia. Millones de niños, jóvenes y adultos padecen la situación de su país, afrontando desde escases de alimentos y medicamentos, hasta dolorosas rupturas familiares.

Es una dictadura, aseguran miles, entre ellos gobernantes como el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para quien el régimen de Nicolás Maduro “acabó con las instituciones democráticas y no ha hecho otra cosa diferente a violar los derechos humanos de los venezolanos…”. De seguro, la mayoría de los ciudadanos del país vecino coinciden con este pensamiento; para ellos, el primer paso y el más imprescindible para cambiar el panorama es la salida de Maduro del poder, solución poco probable. Mientras tanto, la única opción que han tenido es huir de su país.

Un reciente estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indica que en los últimos años la cifra de salidas de venezolanos ha llegado a 1,5 millones.  Al mismo tiempo, importantes medios de comunicación alrededor del mundo confirman que Venezuela es el cuarto país en nuevas solicitudes de asilo en el mundo, sólo por detrás de Afganistán, Siria e Irak.

La crisis migratoria en Colombia

El número de venezolanos en todos los rincones de Colombia es cada vez mayor. Para hacerse tan solo una idea, según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia – RAMV- que realizó el gobierno nacional entre el 6 de abril y el 8 de junio del presente año, en el país hay 442.462 venezolanos, que conforman 253.575 familias. Claro está, la cifra solo indica el número de ciudadanos voluntariamente registrados; sin duda, el número real de venezolanos es mucho más alto, pues un gran porcentaje de vecinos no acataron el llamado del gobierno para el registro.

Por ejemplo, tal como lo indicó el Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, a diario más de 70 mil venezolanos entran y salen de Colombia por el Puente Internacional Simón Bolívar y cerca del 5% se quedan en nuestro territorio; probablemente este 5% no hace parte del RAMV.

En fin, esta crisis migratoria está conformada por ciudadanos que escapan de su país con dolor, pero con el anhelo de encontrar una mejor suerte en otro lugar; algunos la consiguen, otros solo logran subsistir…y muchos, ni siquiera eso.

El panorama en el Cesar

Enfoque Vallenato le hace seguimiento a la problemática. Ya, en su edición número 50, había hecho un análisis sobre la situación de Venezuela en el departamento, titulándolo ‘El impacto de la crisis venezolana en la capital del Cesar’. Se creía que la odisea estaba en su límite, presentándose el pico más alto de venezolanos en territorio colombiano, pero no fue así. Hoy el problema es aún más cruel, por eso se torna importante retomar el tema.

Ya no hay semáforo ni esquina de la capital que no esté ocupada por una familia venezolana, haciendo acrobacias, bailando, limpiando vidrios, vendiendo dulces, caminando con carteles y bebés en brazos piden dádivas a los conductores bajo el crudo sol de Valledupar.

Según un informe emitido por el comando de la policía regional Cesar, se tiene identificado que la población venezolana asentada en el departamento se dedica a las siguientes actividades:

  • 30% ventas ambulantes

  • 20% limpiavidrios y mendicidad

  • 15% peluquería y barbería

  • 15% prostitución

  • 10% auxiliar de construcción

  • 5% mototaxismo

  • 3% servicio doméstico

  • 2% agricultura

Independiente de la actividad a la que se dediquen, lo cierto es que la mayoría llegan con dificultades y con el claro objetivo de trabajar para hacer llegar remesas a sus familiares, aunque algunos solo alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.

En cifras…

Los ciudadanos venezolanos que han manifestado ante el Puesto de Control Migratorio su intención de hospedarse en el Departamento del Cesar, hasta mayo del 2018, son 8.070, siendo Valledupar con 7.171 el lugar con más venezolanos legales, seguido de Aguachica con 273 y Agustín Codazzi con 104.

Sin embargo, tras el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia aplicado en el Cesar, que incluye los ciudadanos ingresados al país de forma regular como irregular, son en total 20.148 venezolanos reunidos en 11.349 familias. En Valledupar se registraron 11.340 venezolanos y 6.941 familias.

De otro lado, durante el primer semestre del 2018 el centro facilitador de migración Colombia en Valledupar ha realizado 90 deportaciones, 28 expulsiones, 6 cancelaciones de permisos y 183 retornos asistidos voluntarios.

La seguridad

Aunque el Cesar no cuenta con una frontera abierta, la situación es compleja. “Los venezolanos son nuestros hermanos y somos conscientes de que están pasando una situación complicada en su país, pero infortunadamente de cada 10 casos de hurto que se presentan en Valledupar, en 9 están involucrados venezolanos”, fueron las palabras del Coronel Mauricio Pedraza, comandante de la policía Cesar, respecto a la influencia de los venezolanos en la inseguridad de la ciudad.

Hasta el segundo trimestre del 2018, en el departamento se han capturado 79 venezolanos, de los cuales 49 fueron en Valledupar. El hurto a comercio, a personas, a residencias, el porte ilegal de armas y el microtráfico, son las 5 conductas punibles que más han afectado la convivencia y seguridad en el departamento.

Por si fuera poco, se ha identificado que muchos de los venezolanos estarían adquiriendo tarjetas migratorias falsas para permanecer en el departamento, que hay una posible presencia de delincuentes buscados en Venezuela, que particulares venezolanos están siendo utilizados para actividades de narcotráfico, es decir, están transportando alcaloides hacia La Guajira, Bolívar y Magdalena y, más triste aun, que se estaría dando el alquiler de niños venezolanos a ciudadanos nacionales para ser utilizados en labores de mendicidad.

Pero allí no termina todo. En Valledupar se intervinieron dos terrenos baldíos llamados usualmente como ‘ollas’ y hasta ‘Bronxitos’. Se trata del antiguo lote del Idema y, el segundo, ubicado en la entrada, por la vía la Paz a Valledupar, en los cuales, según lo indicó el comandante de la policía Cesar, “de 25 personas que sacaban, 12 eran venezolanos”.

Ante este alarmante panorama y tras una reunión entre el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramirez Uhia; el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita y el director de la policía nacional, General Jorge Hernando Nieto Rojas, el gobierno nacional envió un apoyo de 40 unidades del GEM – Grupo Especial Migratorio –  para identificar la legalidad de los venezolanos y ejercer controles en todos los municipios del Cesar. “Tratamos de trabajar todos los días con la personería para ver cuántas han sido las personas que se han censado y establecer qué se va a hacer con ellos, garantizándoles que no se les va a vulnerar sus derechos”, añadió el coronel Pedraza.

Hospitales en crisis

El número de venezolanos que llegan a ser atendidos en los hospitales de la ciudad y el departamento se han tornado incontables, situación que tiene alertados a los gerentes y profesionales de la salud de los hospitales y al gobierno departamental, dado que no cuentan con los recursos necesarios para pagar los costos de la atención a estos pacientes extranjeros. Los hospitales del departamento de por sí tienen un escenario económico complicado y con la atención a los ciudadanos del país vecino se acrecienta la crisis.

Según información de la Secretaría de Salud departamental, el Hospital Rosario Pumarejo de López lleva facturado más de $8.500 millones en atención a ciudadanos venezolanos; la cifra total de todos los hospitales públicos del departamento asciende los $12.000 millones, un valor elevado que no está siendo asumido por el gobierno nacional y que pone en jaque el futuro de los prestadores públicos; esta es una situación que no estaba contemplada en el presupuesto del sector salud en el departamento.

“Hoy la atención a pacientes venezolanos la está asumiendo el departamento, sin que haya alguien que diga aquí esta este recurso”, señaló el secretario de salud departamental, Nicolás Muhrez. “Si la situación continua sin que haya una solución por parte del gobierno nacional, el cual tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para la atención a venezolanos, el Hospital Rosario Pumarejo de López podría llegar a la quiebra al cabo de unos meses”, aseveró el secretario de salud.

Un problema más. Además de los venezolanos residentes, en los últimos tres meses se ha detectado una migración momentánea de una población que está sin servicios de salud en su país y vienen a recibirlos en los hospitales de Valledupar y se regresan una vez atendida su necesidad; es el caso de las mujeres embarazadas, tras el parto regresan a su lugar de origen.

Muhrez añade que “en el Cesar tenemos una población venezolana infantil sin el esquema de vacunación definido y estamos asumiendo ese costo, mujeres en estado de embarazo sin un solo control prenatal, otra situación que asumimos porque tenemos una orden de la Corte Constitucional que nos obliga a hacerlo. Aparte de eso, hay pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer, problemas renales, VIH, núcleos familiares enteros en condiciones de desnutrición”.

La respuesta del Ministerio de Salud es que se gestionan recursos con organismos internacionales para subsanar la situación. Sin embargo, de aquí a que eso suceda se correría el riesgo de que los hospitales colapsen o definitivamente lleguen a la quiebra.

***

En síntesis, el panorama es complejísimo. Ante la imposibilidad de permanecer en Venezuela dada la crisis económica, política, de salud, etc., los venezolanos prefieren vivir el calvario del éxodo, con todo lo que entraña el desarraigo.

Lógico, el país (o el departamento) receptor de la migración se ve engullido por las penurias del remolino, con su permanente y real amenaza de colapsar y quebrar muchas de sus instituciones de servicio público, sobre todo las de salud, amén de las de seguridad, educación, etc.

Por fortuna, principios humanitarios y democráticos, reforzados por mandatos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, obliga a estos territorios receptores a acoger con solidaridad y prestancia a los hermanos en desgracia, muy a sabiendas de la precariedad de las finanzas y de los problemas de toda índole que conlleva una alta e intempestiva inmigración.

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