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Fiscal General de la Nación radica proyecto de ley contra la drogadicción en alianza con mandatarios de Asocapitales

El alcalde de Valledupar Augusto Ramírez Uhía junto a los demás alcaldes de ciudades capitales que conforman Asocapitales, han realizado reiterados llamados al gobierno nacional para combatir el tema de la drogadicción en el país. Uno de estos llamados se realizó ante la Fiscalía General de la Nación que hoy da como resultado un proyecto de ley radicado por este ente judicial y de control ante el Senado, por medio del cual se busca reglamentar la dosis de aprovisionamiento que, según los diferentes mandatarios, ha servido de excusa para que los jíbaros continúen  comercializando las sustancias psicoactivas.

En el marco de la radicación del proyecto, la tarde de este lunes, el fiscal Néstor Humberto Martínez manifestó que esta importante acción hace parte de esa alianza de la Fiscalía con los mandatarios locales para la defensa de la seguridad y el orden público, y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que son los más perjudicados por el narcomenudeo en los territorios.

“Este será el camino para la judicialización ejemplarizante de estas conductas que están afectando a los niños, adolescentes y jóvenes de Colombia, y además busca penalizar a quien también promueven el consumo de drogas en las diferentes instituciones educativas”, aseguró Ramírez Uhía, quien como vicepresidente de Asocapitales ha sido reiterativo ante el Gobierno Nacional  para la implementación de acciones contundentes y eficaces que aporten a la construcción de un país libre de drogas y con una mejor convivencia ciudadana.

El proyecto de ley es un documento breve y puntual que toca los nervios del delito que más está afectando al ciudadano del común, que se introduce en medidas contra el tráfico de drogas y el narcomenudeo, reincidencia, y en tercer lugar se dan unas instrucciones contra el ciberdelito y, por último, se presentan unos instrumentos para que las sanciones penales sean realmente contundentes.

El Fiscal propone penas de 10 hasta de 30 años de prisión para quienes inciten a los niños al consumo de drogadicción, además a los que venden y consumen sustancias psicoactivas en espacios públicos.

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