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Elección de contralor municipal, todo un novelón

Por supuesto, continúa el suspenso… el novelón que mantiene en vilo, por años, a la audiencia vallenata – antagonizado por los concejales de Valledupar – aún no termina, sucediéndose los capítulos uno tras otro; cuando se avizora cerca el final, sobrevienen nuevos episodios creados al parecer por una imaginación tan creativa como la del libretista Fernando Gaitán.

Metámonos en contexto. Los concejos municipales se hacen elegir al tiempo con los alcaldes, para igual periodo (4 años). La vigencia del último periodo es 2016-2019. El Concejo de Valledupar está integrado por 19 miembros, la mayoría de los cuales acompañó en campaña al alcalde Augusto ‘Tuto’ Ramírez Uhía. Ya victoriosos, otros se les sumaron para conformar sobradas mayorías y manejar a su antojo el cuerpo colegiado.

Y ahí viene el primer capítulo, que desnuda de entrada la trama, mas también el talante de gobernantes y cogobernantes. A la vista el primer coto de caza – los órganos de control municipales, pero sobre todo la contraloría municipal – la oficialidad gubernamental se alineó para tomársela. Abierta la convocatoria, designada la universidad seleccionadora, se entregaron las tres mejores puntuaciones, en su orden: Omar Contreras Socarras, Jorge Araujo Ramírez y Álvaro Castilla Fragozo.

El elegido, desde luego, fue Castilla Fragozo (2016), el último puntaje, pero importante aportante financiero a la campaña a la alcaldía de su amigo y pupilo Tuto Uhía. Había, pues, compromiso ineludible, pues en política los favores financieros se honran con creces.

Apenas predecible, estas elecciones fueron demandadas, y tumbadas finalmente por el Consejo de Estado, el cual fustigó la inobservancia de los puntajes y la estrecha relación de amistad entre Castilla y el alcalde, infiriéndose un ejercicio de ‘poder’ Non Sanctos para imponer la elección en el concejo municipal.

En ese fallo, el Consejo de Estado indicó de modo palmario que el puntaje no podía burlarse y, por consiguiente, el elegido debía ser quien obtuviera el primero de los puntajes, en este caso Contreras Socarras.

La trama no queda ahí. Mientras la litis se surtía en los tribunales, la Procuraduría General de la Nación indagaba la regularidad o no de la conducta de los concejales, encontrándola finalmente irregular, por lo cual disciplinó con destitución e inhabilidad a 14 de los 19 concejales. De vainas se salvaron 5, una de ellas, Gloria Ovalle Aguancha, alfil del representante Eloy ‘Chichi’ Quintero, porque al momento de votar salió presurosa a hacer chichí. Mera casualidad.

Pero como los concejales actuales no son cojos ni mochos, apelaron la decisión disciplinaria y lograron que la misma Procuraduría, en fallo de segunda instancia, los resucitara políticamente al revocar el bacalao que los había inhabilitado.

Segundo capítulo    

La vacante estaba servida. Había que elegir contralor municipal. Obviamente, con semejante golpe de mano dado por la Procuraduría, los concejales aún turulatos obviaron hasta las deliberaciones tan de la esencia (al menos en otras épocas) de la entidad. “Hay que elegir a Omar Contreras, lo sentenció el Consejo de Estado, fue quien obtuvo el mayor puntaje, vociferaban en silencio los concejales… se atragantaron con el anzuelo al interpretar a la ligera al Consejo de Estado, cuyo falló se sustentó en la ilegalidad de vulnerar o desobedecer el puntaje, y no necesariamente en imponer a Omar Contreras, cuyas cualidades ni siquiera se airearon en la instancia superior.

Dicho y hecho. Omar Contreras, actual jefe de la regional de la Defensoría del Pueblo, nuevo Contralor Municipal (2017). Mientras el nuevo ungido brincaba febril loco de contento, otros rumiaban la manera de sacarse el clavo. En efecto: Castilla Fragozo, ni corto ni perezoso, demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo la elección de Contreras con el argumento de una inhabilidad por desempeñar un cargo público (defensor del pueblo) hasta antes de su elección como contralor. Pues claro que prosperó la demanda. Entonces, nueva designación en provisionalidad.

Como la vez anterior, la Procuraduría también se activó para disciplinar a los concejales díscolos, encontrando a 16 de ellos responsables por faltas gravísimas, destituyéndolos e inhabilitándolos, sentencia confirmada en segunda instancia. Es decir, ya no hay tutía, así algunos damnificados pidan aclaración con la finalidad manifiesta de prolongar su agonía y aplazar la salida, por la puerta de atrás, del concejo. De esta hecatombe se salvaron 3 (2 por votar en blanco y otro, excusado por enfermedad: parece que no podía hacer chichí).

Tercer capítulo

De nuevo la mesa servida y engalanada. Tumbadas por decisiones judiciales las dos elecciones anteriores, y vacante el cargo, era necesaria su provisión de inmediato.

Lógico, para los concejales el asunto era ya una papa caliente; las veces que trataron de sortearlo, se les vino el mundo encima, y aún no han podido ni sabido reponerse de semejante golpe. Turulatos, alienados, enajenados, sin capacidad de raciocinio, proceden a llenar la vacante. Lo único que se les ocurrió fue echar mano del nombre (Jorge Araujo Ramírez, 2018) que quedaba de la terna inicial, pero sin antes hacer siquiera una investigación sumaria para establecer si estaba habilitado o no.

Castilla Fragozo vuelve a accionar y demanda la elección de contralor, investigación que termina con su nulidad (Araujo Ramírez tenía vínculo consanguíneo inhabilitante con el entonces secretario de educación departamental). A simple vista, se reanudó el juego sin barajar de nuevo los naipes, cuando bien pudo solicitarse la conformación de una nueva terna. Por añadidura, hubo que encargarse en provisionalidad en dicho cargo.

Como el control fiscal disciplinario suele activarse con un simple startazo, ha de suponerse que ya la Procuraduría tomó cartas en el asunto para investigar por tercera vez a los concejales de Valledupar… no es de extrañar que recaiga sobre los concejales, todos o la mayoría, una nueva decisión de destitución e inhabilidad. Es decir, al que no quiere caldo, se le dan dos tazas.

En síntesis, en los últimos 4 años, 6 contralores han pasado por el cargo, dejando una frágil institución, víctima de los equívocos procesos de elección. A todo ese sartal de yerros, los concejales responden con altivez y arrogancia: se caen ellos, pero continúan en cuerpo ajeno al postular para el próximo periodo y seguramente elegir, a sus hijos, cónyuges, hermanos, etc. La idea es eternizarse en el poder, halagüeño a juzgar por cómo se persigue a pesar de las revolcadas ganadas.  

El origen del problema

Para entender el porqué de las malas elecciones, conviene remitirse al origen de las cosas. Antes del 2015, las ternas para contralor se conformaban por postulaciones del Tribunal Superior (2) y del Tribunal Administrativo (1). Por supuesto, previo análisis de hojas de vida, se allegaban las ternas a los concejos municipales.

“Los magistrados eran cuidadosos y constituían un buen filtro para enviar candidatos con todos los requisitos; se trataba de un método de elección confiado en dichos magistrados. Así llegaba la terna al concejo, quienes elegían con un alto grado de confianza al tener candidatos depurados por los tribunales. Se suponía que podían elegir a cualquiera de la terna”, sostiene Everardo Armenta, procurador 123 judicial administrativo de Valledupar.

Sin embargo, esta modalidad de elección empezó a ser cuestionada por los ribetes políticos que revestía. Por otro lado, se empezó a reclamar el verdadero objetivo de los tribunales, de administrar justicia, y no el de elegir y ternar candidatos a contraloría.

Así, se promulga el acto legislativo 02 del 2015, según el cual los contralores municipales se elegirían por concurso de méritos, a través de una convocatoria pública y un examen de conocimientos aplicado a los candidatos por una universidad, la que luego selecciona los 3 mejores puntajes para que el respectivo concejo municipal elija en orden de clasificación (ahora la lista de 3 elegibles no constituye una garantía de candidatos habilitados, en cuanto la universidad no realiza una inspección como la hacían los tribunales. Vigente este procedimiento, han proliferado los funcionarios elegidos con inhabilidades).

 La decisión final

El 12 de diciembre de 2018, la Procuraduría Regional del Cesar ordenó en primera instancia la destitución e inhabilidad por 12 años a 16 de los 19 concejales de Valledupar, disciplinados por la elección de Omar Contreras Socarras. 5 meses después, la decisión fue ratificada en segunda instancia y a la fecha ya notificada.

La decisión afecta a los concejales Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Aramendiz Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Carlos Alberto Daza Lobo, José Rafael Gómez Solano, Ricardo José López Valera, Leonardo José Mestre Socarras, Gabriel Muvdi Arangüena, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortiz Arias, Gloria Margarita Ovalle Aguancha, Alex Pana Zárate, Carlos Julián Picón Cortés, Luis Miguel Santrich Díaz, Yesith Triana Amaya y Roberto Carlos Castro Romero.

Lea también:16 concejales de Valledupar destituídos e inhabilitados por 12 años, la decisión final de la procuraduría

Los concejales violaron, entre otras, la ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único, art, 48.

“17.… Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses”.

Derecho al pataleo  

En este país, sin embargo, todos creen tener derecho al pataleo, y sí que saben practicarlo.

  1. Aunque el fallo ya no admite recurso alguno, los concejales tratan de aplazar su aplicación a través de las aclaraciones de la sentencia. Según, la decisión no queda en firme mientras estén pendientes tales solicitudes.
  2. La defensa de los concejales la centran en que “obraron en cumplimiento de un fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, es decir, en cumplimiento de un deber legal impuesto por la decisión al anularse la elección del contralor municipal de Valledupar, Álvaro Castilla, donde se ordenó elegir a quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el concurso de méritos.

Sin embargo, está documentado que la misma Procuraduría les había hecho varios controles de advertencia, indicándoles que estaría vigilante del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Por si fuera poco, Aldemar Montero, abogado asesor del Concejo de Valledupar, advirtió por escrito a los concejales, antes de la elección de Omar Contreras, que este candidato estaba inhabilitado, según lo fallado por el Consejo de Estado en casos similares ocurridos en otras partes del país.

“Al momento de elegir, si en efecto habían identificado inhabilidad en Omar Contreras, la forma correcta de proceder era dejar claro en sesión que el señor Contreras era evidentemente el que tenía el mayor mérito, y que estaban en la disposición de acatar la orden del C.E, pero encontraron una inhabilidad, y de esta forma, se absolvían de responsabilidad y quedaba la constancia en el recinto”, explico el procurador Armenta.

  1. Los concejales destituidos están a la expectativa del resultado del pataleo de Omar Contreras, quien espera, vía revisión de tutela, que la Corte Constitucional lo restituya a su cargo, en cuyo caso podría caerse, por sustracción de materia, el fallo condenatorio de la Procuraduría y resucitar a los concejales. Carambola, todo es posible en esta mesa de billar que es el país.

Carlos Picón, presidente del Concejo, sostiene que llegarán hasta las últimas instancias. “Confío plenamente en Dios y en la justicia ordinaria colombiana, vamos a llegar hasta las últimas instancias para buscar la manera de revertir esta decisión injusta. Tenemos derechos y recursos que nos asisten y vamos a usarlos. Tenemos de dónde agarrarnos, estamos dando la pelea, nos hemos dado cuenta de lo desproporcionado y lo desigual que ha sido ese fallo”, expresó.

Otros, como el concejal Gabriel Muvdi, indica que está confiado porque acató una orden del Consejo de Estado y, además, aseguró con toda convicción: “Seré concejal hasta el 31 de diciembre”.

 “El gran afectado finalmente es el control fiscal a nivel municipal porque no hay estabilidad ni continuidad en su ejercicio, ya que depende de la propia estabilidad y continuidad del titular de la entidad, lo que termina afectando a la ciudadanía y en ella el interés general”, concluye el procurador judicial administrativo, Everardo Armenta.

En fin, con la inseguridad jurídica que caracteriza a Colombia, y con lo recursivo de sus personajes, cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo terminará la historia?… espere paciente el final.

*Al cierre de esta edición, la Procuraduría Regional del Cesar emitió fallo de primera instancia en el que destituye e inhabilita por 12 años al ex contralor Omar Contreras por hacerse elegir inhabilitado.

Lea también: Destituido e inhabilitado excontralor Omar Contreras

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Por: Equipo Enfoque Vallenato

enfoquevallenato@gmail.com 

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